Ochoa presentó pruebas de descargo en la Comisión de Fiscalización

El superintendente de la Información y Comunicación Carlos Ochoa, llegó 20 minutos antes de las 10h00 a la Asamblea, para exponer ante la Comisión de Fiscalización sus argumentos de descargo frente a un proceso de juicio político que se tramita en su contra, planteado por legisladores de CREO. En su explicación Ochoa dio detalles de  varias cifras de lo actuado al frente de la institución. Dijo que el monto recaudado por sanciones a medios de comunicación por infringir la Ley es de $ 754.690.

Dentro de los oficios presentados a la Comisión, la asambleísta Jeanine Cruz pidió se incorpore un caso más como prueba, lo que fue negado por la mesa por ser extemporáneo. Mientras, con 9 votos a favor, la Comisión aprobó la solicitud del titular de la Supercom para que se reciba a Óscar Armas y Diane Rodríguez.

Según dijo la asambleísta María José Carrión, esto permitiría tener igualdad procesal para que así como se recibió a personas propuestas por los legisladores Martha Roldós, Luis Baldeón, Aurelio Dávila y Ramiro García, también se reciba a personas propuestas por el superintendente. Óscar Armas fue el primero en exponer la auditoría radial que realizó por el transcurso de 2 años.

Él interpuso demandas a Radio Fútbol FM ante la Supercom, las cuales generaron sanciones a los radiodifusores implicados. De su lado, Diane Rodríguez denunció cómo se han vulnerado sus derechos y los de la población GLBTI. Argumentó que es a partir de la Ley de Comunicación que pudo denunciar casos de mal uso de imagen de este sector.

En su intervención, Ochoa recalcó que “los medios no representan a las mayorías (pueblo) sino que, actualmente, la mayoría de medios obedece o conduce el criterio de las mayorías para privilegiar políticas económicas excluyentes”. En ese sentido, explicó que hay una gran diferencia entre regular medios de comunicación y regular cualquier otro tipo de empresa. “Los medios tienen un impacto social y cultural que no tiene otro tipo de empresa”, apuntó.

También indicó que no se plantea a la regulación como una limitación a los medios, “la planteamos como una defensa a la libertad de expresión de los ciudadanos y de las comunidades”. Acto seguido, el funcionario expuso varias cifras, entre ellas, que la mayoría de denuncias recibidas por la Supercom está representada por ciudadanos (346). También se registra 11 de la Función Legislativa. Y mencionó a legisladores que defendieron su derecho a la réplica o rectificación.

Dijo que el total de medios sancionados ha sido 364 (31%) en relación al universo de medios registrados (1.161). Mientras, que el total de procedimientos administrativos sustanciados a nivel nacional es de 1.158. De ellos, los iniciados por denuncia (609) y por oficio (549). Sobre el estado de los procedimientos administrativos, Ochoa explicó que los sancionados son 702, los archivados 309, los desechados 122 y 23 en trámite.
Manifestó que la aplicación de la LOC al 2018, deja el 94% de reducción en contenidos que infringen la norma deontológica y 85% en la extensión de tiempo permitido para publicidad. Además, 95% en reducción de contenidos no aptos para franja familiar; 54% en contenidos violentos; 67% en contenidos discriminatorios y 53% en contenidos identificados. Sobre los pedidos ciudadanos de intervención de la Supercom, Ochoa detalló que 856 fueron de réplicas y 1.122 de rectificaciones.

El monto recaudado por sanciones, según un cuadro mostrado por el superintendente, es de $ 754.690 en comparación con los activos de los medios que alcanza $ 513′ 005.024. De allí que rechazó que se registraran quiebras económicas de medios de comunicación por sanciones impuestas por la Supercom. El Superintendente también rechazó las declaraciones de la asambleísta Lourdes Cuesta en la Comisión de Fiscalización.
En ella aseguró que no hubo concurso público para las leyes de bolsillo de la LOC. La comparecencia de Ochoa se produce, luego de que los asambleístas Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar, como solicitantes del juicio político, presentaron las pruebas que sustentan sus afirmaciones sobre supuesto incumplimiento de funciones. Al superintendente se lo acusa, entre otras cosas, de haber abusado de la Ley de Comunicación, arrogarse ciertas facultades que esta no le daba y haber modificado un artículo de la Ley Orgánica de Comunicación.