La Asamblea tratará el pedido de enjuiciamiento a Correa

La Asamblea Nacional recibió la tarde de este martes 12 de junio del 2018 el pedido de la Corte Nacional en el que solicita la aprobación del Legislativo para el enjuiciamiento penal contra el expresidente de la República Rafael Correa Delgado, sobre el secuestro en Colombia de Fernando Balda, asambleísta alterno de Sociedad Patriótica.

Esta decisión la tomó la jueza de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, para que el legislativo se pronuncie de conformidad con el artículo 427 de la Constitución. “Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional”.

La presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, convocó a los asambleístas a una sesión para el jueves 14 de junio del 2018, a las 16:00. En la que habrá un debate sobre el tema y enviarán una constestación a la justicia.

También se hace referencia al artículo 120 de la Constitución que detalla que se necesita autorización de la Asamblea para procesar penalmente a un mandatario. Sin embargo, el asambleísta del Partido Social Cristiano, Luis Fernando Torres, señaló que no es necesario tener el pronunciamiento de la Asamblea ya que la Carta Magna habla específicamente del Presidente y Vicepresidente de la República y no de exmandatarios.

Para el correísmo, esta vinculación es parte de una supuesta persecución política que se sigue en contra de Rafael Correa. Gabriela Rivadeneira, una de las coordinadoras del grupo autodenominado Revolución Ciudadana, señaló que habrá una respuesta en las calles con simpatizantes del expresidente a para “garantizar el Estado de derecho”.

Sobre el pedido de vinculación del expresidente de la República, Rafael Correa, a la investigación del presunto secuestro del político Fernando Balda, se refirió el fiscal general del Estado, encargado, Paúl Pérez, en una breve rueda de prensa en la que aseguró que, en las últimas semanas, se han encontrado los suficientes elementos de convicción para hacer esta solicitud, sobre la base de declaraciones y versiones de los mismos funcionarios que laboraron en el Gobierno anterior.

En su intervención, dentro de sus primeras puntualizaciones, Pérez reiteró que, al inicio de su gestión ofreció al país que, en esta administración, no iba a existir ni persecución política ni impunidad para nadie. “Existieron funcionarios quienes, ostentando el poder, se apartaron con sus actos del juramento de respetar la Constitución y la Ley”.