EL “CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS ABOGADOS”, UNA AFRENTA PARA LOS PROFESIONALES DEL DERECHO

Por. Abogada Elsa Quispe cajiao

El citado “código” es una clara evidencia no únicamente de la diminuta experiencia en la función judicial y en el ejercicio profesional de quien se permitió elaborar su contenido, sino de la falta de sentido común que debe primar al momento de construir un documento de esta naturaleza.

Desde la absurda disposición, de acatar la decisión de nuestros clientes en cuanto a la transacción de un asunto, sin considerar que nuestra función es precisamente la de asesorar y evitar que actúen imprudentemente o en detrimento de sus propios intereses. Si al respecto desea defender su trabajo afirmando que solo hace falta incluir una excepción y se arregla, cabe decir que la prolijidad es una virtud de pocos.

Luego las reglas para el pacto de honorarios, absolutamente subjetivas. No hay peor trabajo, que aquel que se realiza a medias. Y continúa con la “regulación” de relaciones interpersonales de los profesionales del derecho con sus clientes, sobre lo cual, he visto con vergüenza ajena (para con el Consejo por supuesto), que varios colegas comentan “YA NO HAY CÓMO COBRAR EN ESPECIE”.

Y entre otras disposiciones, que no son sino intentos por demostrar aparente interés para con nuestra profesión y el supuesto “abuso” en el que podamos incurrir al momento de ejercerla, lo que ofende nuestra actividad por demás compleja, incomprendida y diariamente atacada; y, que me recuerda a uno de mis escritores favoritos, cuando dice que actualmente “YA NO NOS MATAN CON BALAS SINO CON DECRETOS”.

Finalmente, se dispone un PROCESO DE ACREDITACIÓN, que condiciona el ejercicio de nuestra profesión al conocimiento de estas normas, mediante un examen que debemos rendir ante la Escuela de la Función Judicial en el plazo de seis meses. Dicha disposición es inconstitucional, nuestro título es requisito único y sine quanon para el ejercicio de la profesión, atenta contra nuestro derecho al trabajo de forma libre, recae en un acto discriminatorio pues se dirige específicamente a los abogados que efectuamos patrocinio judicial.

Siento tristeza por nuestra profesión, dicha resolución no es solamente absurda sino ofensiva. Considerando además que el Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario está vigente.

Hago un llamado a todos mis colegas a rechazar por los diferentes medios posibles un acto por demás vergonzoso para quienes hemos sido servidores públicos y nuestro trabajo habla por sí solo, de la eficiencia con la que debe ser realizado, impropio del órgano más elevado de la Función Judicial; así como, ofensivo para quienes sí conocemos la ardua labor del ejercicio profesional.

ELSA QUISPE CAJIAO, ABOGADA A LIBRE EJERCICIO