Un logro para los trabajadores migrantes andinos

La Plenaria del Parlamento Andino aprobó el pasado 22 de noviembre, la Norma Comunitaria para la Protección de los Derechos Sociolaborales de los Trabajadores Migrantes Andinos. Este instrumento normativo, busca que nuestros Estados miembros garanticen a los migrantes laborales sin ningún tipo de discriminación el acceso a los sistemas de salud, pensión y educación, así como, la conservarción de sus derechos adquiridos y el reconocimiento

Plenaria
Protección de Derechos Sociolaborales:
Un logro para los trabajadores migrantes andinos de los aportes realizados en los diferentes sistemas de seguridad social de la región andina.

Para nuestros países garantizar los derechos sociolaborales de las personas que han migrado de sus lugares de origen por motivos laborales, es una prioridad que debe abordarse en las agendas acionales de los Estados. Garantizarles a los migrantes trabajos dignos y decentes que les permita tener una adecuada calidad de vida, representa diferentes beneficios económicos y sociales para la población en situación de movilidad humana.

Esimportantemencionarque,esta norma comunitaria armoniza las diferentes decisiones que existen en la Comunidad Andina (CAN) para regular la migración permanente, como la Decisión 545 de 2003 “Instrumento Andino de Migración Laboral”; la Decisión 583 de 2004 “Instrumento Andino de Seguridad Social” y la Decisión 584 de 2004 “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Asimismo, incluye preceptos establecidos en el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, y en la normativa que sobre el tema ha aprobado la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los principales derechos que desarrolla este instrumento normativo y que, sin lugar a duda, benefician a los trabajadores migrantes de nuestra región son: recibir prestaciones económicas y sanitarias; la totalización de los periodos de seguro y pensiones cotizados en cualquiera de los países andinos; que las organizaciones y/o empresas públicas y privadas realicen cálculos actuariales para las pensiones por jubilación; acceder a los sistemas de salud pública; contar con medidas de seguridad y salud en el trabajo; y hacer parte de los programas de educación, formación y capacitación.

Finalmente, nuestra propuesta de armonización legislativa se encuentra alineada con lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con el octavo, que busca proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro para todos los trabajadores