Control del CPCYCS podría desatar una batalla legal

Quito, 22 de noviembre de 2022. La pugna por cooptar y controlar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)  podría desatar una batalla legal. Ese es el panorama que se avizora 72 horas después de que una mayoría de oposición en la Asamblea Nacional, censuró y destituyó a Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo por presunto incumplimiento de funciones.

Las exautoridades del Cpccs sancionadas por el Legislativo no aceptan la resolución que se tomó a la medianoche del viernes 18 de noviembre con 85 votos, y no descartan  acudir a la Justicia para que se anule la decisión.  Estupiñan y Rivadeneira dijeron que afinan el documento que sería presentado en el transcurso de este martes, 22 de noviembre de 2022.

Ellos consideran que en el proceso de juicio político se violentaron procedimientos. Argumentan que no existió un informe previo de motivación (ni de mayoría, ni de minoría)  de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional

Desde este 21 de noviembre de 2022, Amparo Zumárraga,  jueza de  la Unidad Judicial del cantón Rumiñahui (Pichincha) analiza una acción de protección con medida cautelar presentada por el ciudadano Antonio Guzmán Dávila para que se  suspenda lo actuado por la Asamblea en contra de Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo.

 Asamblea se ratifica

Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, desestimó la acción legal presentada y aseguró que la función a su cargo actuó en conformidad con el último inciso del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Dicho articulado dice que, en caso de no existir informe de la comisión respectiva, el asunto pasa a conocimiento y resolución del Pleno.

“Por ello, no cabe ninguna acción de protección, ni ninguna otra medida de tipo judicial. No permitiré la intromisión de otra función del Estado en el ejercicio de las atribuciones de la Legislatura”, sentenció Saquicela.

Añadió que los 137 legisladores y los cuatro exconsejeros fueron notificados con los documentos de sustanciación de la solicitud de juicio, causales, pruebas de cargo de los interpelantes y de descargo actuadas por los consejeros del Cpccs. “Si no leyeron es responsabilidad de ellos, no de la Asamblea”, subrayó.

En una entrevista a un medio digital, Karina Ponce, virtual consejera titular en el Cpccs, rechazó  y calificó de “irresponsable” que se recurran a acciones de protección para modificar acciones judiciales o de las que se toman en la Asamblea. “Es una vergüenza que la Justicia esté al servicio de las altas autoridades del país”, indicó.

CNE entregará listado

Saquicela espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) remita el listado de los ciudadanos que fueron electos en 2019 como consejeros principales y suplentes, que ejercen los respectivos cargos, según el orden de votación obtenida en las urnas, y que reemplazarán a los cuatro vocales destituidos.

Una vez que se cuente con esa información en Secretaría General,  Saquicela prevé realizar la convocatoria para la posesión de los nuevos consejeros ante el Pleno. “Se actuará con estricto apego al mandato constitucional y legal, conforme la certificación que remita el CNE”, reiteró.

Pasado el mediodía de este lunes,  Diana Atamaint, presidenta del CNE esperaba remitir a la Asamblea el listado de los candidatos que reemplazarán a las autoridades sancionadas. Ratificó los nombres de los consejeros suplentes: Carlos Figueroa, Karina Ponce, Mónica Moreira y Jaime Chugchilán

En las últimas horas, el ambiente en las instalaciones del Cpccs es de espera.  Juan Javier Dávalos, consejero del organismo, comentó que están a la espera de la posesión formal de los suplentes  en la Asamblea en el transcurso de esta semana,  para autoconvocarse  (y  designar autoridades). (SC)

 Candidaturas en firme

Las candidaturas de Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán,  para la reelección como vocales del Cpccs, están en firme, dijo Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Explicó que la responsabilidad del organismo es revisar el cumplimiento de los requisitos y observar posibles inhabilidades para ser candidatos,  pero no se revisan las condiciones para ocupar un cargo público. “Los candidatos están calificados y sus postulaciones están en firme”.

Aclaró que una vez que concluya el proceso electoral, y eventualmente tengan que ocupar un cargo público, eso le corresponde (tomar la decisión) a otras instancias como la Asamblea o al Ministerio de Trabajo.

Insistió que, al momento de la inscripción, ellos no perdieron sus derechos políticos, no deben pensiones alimenticias, y no tienen contratos o deudas con el Estado. “Nosotros hemos cumplido hasta donde nos corresponde actuar y dentro de nuestras competencias”, agregó Atamaint.

Sofía Almeida, Consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), manifestó que se deben continuar con los procesos de designación de los altos cargos pendientes. “Se necesitan tomar acciones y ver los resultados, pues hubo un plan de desprestigio para boicotear las designaciones”.

Mencionó que hay que analizar si cabe un cambio en los reglamentos de designaciones, pues fue este uno de los motivos de la censura y destitución de los cuatro consejeros.