Juez deja sin efecto destitución de consejeros del CPCCS

Santo Domingo, 23 de noviembre  2022. Por considerar que a los vocales del  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social , Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán  y María Fernanda Rivadeneira, se les violentaron sus derechos de igualdad, y se les vulneró su derecho a la defensa, Ángel Lindao Vera, juez de la Unidad Judicial cantón La Concordia (Santo Domingo de los Tsáchilas), otorgó medidas cautelares solicitadas, a título personal, por el ciudadano Manuel Párraga a favor de las autoridades del consejo.

La decisión judicial deja sin efecto lo actuado por una mayoría de oposición en la Asamblea Nacional (UNES, PSC, disidentes de Pachakutik, de la Izquierda Democrática y algunos independientes), quienes cerca de la medianoche del 18 de noviembre de 2022 destituyeron de sus cargos a los consejeros del CPCCS por presunto incumplimiento de funciones.

En su fallo, el magistrado de la Concordia consideró que se violentaron los derechos de igualdad pues solo se destituyó a Ulloa, Bravo, Rivadeneira y Estupiñán,  de los  siete que integran el Consejo de Participación (David Rosero, Sofía Almeida y Juan Javier Dávalos). 

ESTE MIÉRCOLES SE TRATA OTRA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

Para las 12 horas de este miércoles en la Plataforma Sur del Distrito Quitumbe, también habrá una audiencia, en la que participarán los Consejeros censurados. Consideran que la destitución fue ilegal debido a que no había informe de la mesa de Fiscalización recomendando el juicio. Además no sabían por qué se los iba a enjuiciar. Tampoco había quórum, el momento que intervenía el Consejero Hernán Ulloa, Presidente del Organismo de Control social.

Sin embargo, esta no es la única acción de protección presentada con motivo de supuestas irregularidades en la sesión legislativa en la que una mayoría conformada por correístas y social cristianos decidieron cesar a los consejeros.

En ese sentido, el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe (Pichincha) resolverá la tarde de este miércoles sobre la acción de protección que presentó el asambleísta Washington Varela, quien sostiene que «esta sesión se hizo de manera ilegal porque no se respetó el debido proceso».

El pedido sería que se anule la sesión del juicio y por lo tanto la censura de los cuatro vocales quede sin efecto.

REACCIONES EN LA ASAMBLEA

Desde el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) descartan aquello y más bien se suman a lo que ya señaló el presidente Saquicela.

Dicen que la justicia no puede aceptar este tipo de medidas sobre decisiones del poder Legislativo

«Nosotros como pleno ya nos pronunciamos, la Asamblea ya notificó a los entes copetentes, así que esa acción de protección ya no tiene razón de ser», dijo Ferdinan Álvarez, asambleísta de UNES.

Mientras que el social cristiano Jorge Abedrabbo advirtió de «jueces que están dando sentencias a la carta» para que no «vayan a caer en lo mismo».

Pero, otros legisladores defienden la acción de protección y niegan que haya intromisión de la justicia.

Ricardo Vanegas, de Pachakutik, expresó que «para poder ser juzgado, se necesita de un expediente, el sindicado necesita saber de qué va a ser acusado y si eso no hay, en cualquier parte del mundo le van a dar la razón a los consejeros», indicó.