El secretario Jur\u00eddico de la Presidencia, Stalin Andino, remiti\u00f3 un pedido de aclaraci\u00f3n a la Corte Constitucional (CC), sobre su dictamen del 21 de febrero, que orden\u00f3 la creaci\u00f3n de una comisi\u00f3n interinstitucional para evaluar la gesti\u00f3n de las autoridades en el tema de seguridad.<\/p>\n\n\n\n
\u201cAnte la falta de capacidad, voluntad pol\u00edtica y coordinaci\u00f3n de estas instituciones, esta Corte se ve en la necesidad de adoptar, como medida para evitar la desnaturalizaci\u00f3n del estado de excepci\u00f3n, la creaci\u00f3n de un mecanismo t\u00e9cnico para superar los problemas estructurales de violencia y crimen organizado\u201d, advierti\u00f3 el m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds en su sentencia.<\/p>\n\n\n\n
En el dictamen 1-25-EE\/25, los jueces tambi\u00e9n establecieron el \u201cseguimiento y evaluaci\u00f3n de los esfuerzos de las autoridades para transitar al r\u00e9gimen constitucional ordinario y contar con herramientas para responder al problema\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Presidencia, Asamblea y la Judicatura rendir\u00e1n cuentas ante la Corte Constitucional por estados de excepci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
Pero, al Gobierno le llama la atenci\u00f3n que la Corte disponga la creaci\u00f3n de dicha comisi\u00f3n y mecanismo de seguimiento, \u201csin justificar el fundamento constitucional para ejercer esta facultad e ignorando las atribuciones exclusivas del Presidente de la Rep\u00fablica, vinculadas al \u00e1mbito de seguridad\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el equipo jur\u00eddico del presidente Daniel Noboa, la Corte est\u00e1 \u201cemitiendo pol\u00edtica p\u00fablica\u201d en el \u00e1mbito de seguridad, por lo que afirman que las disposiciones de establecer la comisi\u00f3n, el mecanismo de seguimiento y de remitir informaci\u00f3n p\u00fablica \u201cresultan inaplicables\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Esto pese a que el art\u00edculo 436 de la Constituci\u00f3n establece que las decisiones del m\u00e1ximo tribunal \u00abtendr\u00e1n car\u00e1cter vinculante\u00bb. Y el 440 ordena que \u00ablas sentencias y los autos de la Corte Constitucional tendr\u00e1n el car\u00e1cter de definitivos e inapelables\u00bb. <\/p>\n\n\n\n
Ecuador ha vivido 279 d\u00edas en estado de excepci\u00f3n, en los 320 d\u00edas de gobierno de Noboa<\/p>\n\n\n\n
Sin contar que las aclaraciones y ampliaciones de las sentencias en Ecuador, en general, no modifican el contenido de las decisiones.<\/p>\n\n\n\n
De todas formas, en su documento del 7 de marzo, el Ejecutivo sostiene que no hay normativa legal que permita a la Corte \u201crealizar dise\u00f1o, planeamiento o elaboraci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas de ning\u00fan tipo, menos a\u00fan a disponer acciones concretas de ejecuci\u00f3n de tales facultades de las que carece\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el Gobierno afirma que el dictamen resulta \u00abinejecutable\u00bb porque: <\/p>\n\n\n\n
\u201cEs evidente que la Corte Constitucional est\u00e1 invadiendo esferas privativas de competencias y atribuciones exclusivas del Presidente de la Rep\u00fablica\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEst\u00e1 incurriendo en intromisi\u00f3n de funciones al arrogarse facultades que no le competen\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Est\u00e1 \u201cincurriendo en una evidente inconstitucionalidad, violentando sendos principios constitucionales como el de separaci\u00f3n de poderes, de competencia, de supremac\u00eda constitucional, seguridad jur\u00eddica entre otros\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSocava la soberan\u00eda misma del Pueblo que ha elegido a su mandatario para que dirija el pa\u00eds\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Sobre el conflicto armado interno<\/p>\n\n\n\n
Los jueces han insistido durante casi un a\u00f1o que los dict\u00e1menes sobre los estados de excepci\u00f3n no justifican la existencia de un conflicto armado interno y de que \u201csus beneficios son casi inexistentes ante la falta de resultados reales y las graves consecuencias que empiezan a evidenciarse\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En su \u00faltima sentencia, la Corte exigi\u00f3 al Gobierno que, si decide declarar nuevos estados de excepci\u00f3n, estar\u00e1 obligado a justificar que ya \u201cha implementado las medidas disponibles en el r\u00e9gimen ordinario y demostrar que aquellas que no est\u00e1n disponibles y son necesarias, no responden a su inacci\u00f3n o negligencia, sino que se encuentran en proceso de ejecuci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Ante los cuestionamientos a su gesti\u00f3n de la seguridad, el gobierno del presidente Daniel Noboa acusa a la Corte de mostrar \u201cseveras inconsistencias\u201d en sus par\u00e1metros y de \u201crealizar escrutinios cada vez m\u00e1s restrictivos\u201d y \u201crealizar determinaciones que no son de su competencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La Corte Constitucional ‘hala las orejas’ a las autoridades de seguridad y ahora supervisar\u00e1 sus tareas<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, el Ejecutivo reclama que la Corte cuestione los esfuerzos del Primer Mandatario y de las fuerzas del orden para combatir la crisis de seguridad que vive el pa\u00eds. Y afirma que los argumentos de los magistrados no se ajustan al conflicto nacional, sino a \u201cotro tipo de conflictos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El Gobierno tambi\u00e9n califica de incomprensible la decisi\u00f3n del tribunal de negar la extensi\u00f3n de la declaratoria de estado de excepci\u00f3n a las c\u00e1rceles del pa\u00eds. Por eso el abogado del presidente Noboa pide que los jueces aclaren los criterios de esa parte del dictamen. (PRIMICIAS EC)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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