Exdepositantes y deudores de la banca cerrada se benefician con cuerpo legal
Guayaquil .- El presidente del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, explicó los procedimientos que implementará la entidad para aplicar la Ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999. El cuerpo legal tiene tres objetivos básicos: transferir 19.910 bienes embargados para darles uso productivo; viabilizar el pago de las deudas de las personas no vinculadas; y pagar a los depositantes que mantienen acreencias con la banca cerrada.
Del total de bienes existentes, 19000 están en Guayas, informó el titular del BCE. Serán transferidos a Inmobiliar los que estén en el área urbana y al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) si están en áreas rurales. Detalló que 19500 bienes estaban protegidos con fideicomisos, que no se podían liquidar, debido a la falta de instrumentos legales.
Con la venta de dichos bienes, se podrá realizar el pago a los acreedores de la banca cerrada, indicó Martínez, al tiempo de precisar que 44 mil acreedores se verán beneficiados con el pago, que tendrá un plazo de 180 días, a partir del 10 de marzo al 5 de septiembre.
El presidente de Banco Central indicó que a los exdepositantes se les reconocerá hasta $75000 por persona– con lo que se cubrirá el 93% de perjudicados, a quienes se les congeló más de $4 mil millones, cuando se desencadenó la crisis bancaria
En tanto, los deudores no vinculados serán los mayores beneficiados con la Ley, dijo Martínez, pues a los deudores vinculados se les hará pagar o se les aplicará un juicio coactivo o de insolvencia; con los cuales no reciben beneficio alguno.
Los deudores deberán firmar los contratos del recálculo de deuda hasta el próximo 20 de junio. De acuerdo a Martínez, el recálculo se hará con el capital inicial, por lo que al no ser considerados los intereses–en la mayoría de casos–el monto a pagar se reducirá al 60%.
El plazo para el pago de deudas será de hasta 6 años, considerando el primer año como un período de gracia. Una vez firmado el contrato de recálculo, la Ley dispone que se borre de los registros crediticios a los deudores, con lo cual no tendrán impedimento legal para recibir préstamos y emprender en actividades productivas, destacó Martínez.
El principal del Banco Central exhortó a los deudores que durante estos 15 años no han pagado nada, pero que quieran beneficiarse con la Ley tendrán que acercarse y cancelar el 10% del capital, si la deuda es de entre $100 mil y $2 millones; y el 35% del capital en los montos mayores a $2 millones. El plazo vence el 19 de agosto.
Martínez recordó que crisis bancaria de 1999 surgió con las leyes aprobadas por el Congreso Nacional, que buscaban la liberación del sector financiero y evitar mecanismos de regulación; permitiéndole a la banca el manejo abierto de tasas de interés y créditos, lo que ocasionó graves problemas de sostenibilidad en el sistema financiero. Posteriormente, con la creación de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), todos los riesgos de la mala gestión bancaria fueron trasladados al Estado y asumidos por todos los ecuatorianos.
“Esta fue la crisis financiera y económica más grave de la época reciente, desde que hay registros en el país”, manifestó Martínez, quien recordó que en el año 1997, el Producto Interno Bruto (PIB) decreció hasta 9 puntos, la inflación subió del 30% al 100% y el desempleo aumentó del 9 al 15%. LIE/El Ciudadano