Gremios periodísticos piden veto total a reformas de la Ley de Comunicación

Tras la aprobación de las reformas a la ley de Comunicación por parte de la Asamblea Nacional el pasado 21 de julio de 2022, los gremios de periodistas del Ecuador consideran que las reformas recogen las mismas prácticas atentatorias y vulneraciones a la libertad de expresión y de prensa de la ley aprobada en 2013 durante el mandato de entonces Presidente Rafael Correa Delgado.

La Asamblea Nacional aprobó la noche del 21 de julio el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, de acuerdo a un informe de minoría auspiciado por el grupo de Congresistas aliados al correísmo.

Este 27 de julio, 2022  la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador (UNP), junto con la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) y la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP) realizaron un exhorto  al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que  acoja el pedido mayoritario de las organizaciones periodísticas nacionales e internacionales e imponer el veto total a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación aprobadas en la Asamblea Nacional el pasado 21 de julio y enviadas al Ejecutivo para su análisis y sanción correspondiente.

Presidente Guillermo Lasso anunció que habrá veto para reforma de Ley de Comunicación aprobada por la Asamblea Nacional, una vez revisada, ya que el proyecto de Libertad de Expresión que él remitió a inicios de su mandato no fue aprobado.

La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP considera correcta la postura de rechazo del presidente Guillermo Lasso a las reformas a la Ley de Orgánica de Comunicación

Asamblea Nacional remitió al Ejecutivo proyecto de ley de reformas a la Ley de Comunicación

A través de un comunicado los tres gremios consideran que esta reforma recoge las mismas prácticas atentatorias contra la libertad de expresión y de prensa de su antecesora ley aprobada en 2013 y que está plagada de vulneraciones al derecho inalienable del ser humano a la libertad de expresión y de opinión, por tanto, es una inconstitucional regresión en derechos.

“Sus auspiciantes muestran el inocultable propósito de volver a la “ley mordaza”, a la persecución a periodistas y medios de comunicación ecuatorianos que incomodan al poder y a la corrupción institucionalizada”.

Además, los gremios consideran que la reforma viola flagrantemente los preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión, normativa que es parte del ordenamiento jurídico del Estado ecuatoriano, y de la Declaración sobre Libertad de Expresión y de Prensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), documento del que Ecuador es suscriptor.

Reiteran que es necesario recordar que las Relatorías de las Naciones Unidas y de la CIDH para la libertad de expresión ya observaron a Ecuador por el no acatamiento de estas normas, dejando en mal predicamento al país en el contexto internacional.

La UNP sostiene que denunciará ante estos organismos internacionales “este nuevo atentado a la libertad de expresión y la libertad de prensa, que es un ataque a la democracia; y responsabiliza a sus autoridades y a la mayoría coyuntural que votó a favor de estas reformas de esta violación a la normativa constitucional e internacional”.

Los tres gremios firmantes del comunicado recuerdan el compromiso realizado por el presidente Guillermo Lasso para construir políticas que garanticen la libertad de expresión y el desarrollo de una actividad periodística libre de amenazas y ataduras.

El proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, aprobado con 75 votos por la Asamblea Nacional, ha causado un profundo rechazo en los gremios de medios de comunicación y periodistas del país, Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, se suma a este pedido y dice que para poder sustituir la norma vigente los legisladores deben empezar por analizar a fondo sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en casos en los que se llegó penalizar la opinión, para así empezar por mejoras para la protección a los periodistas.

Diferentes sectores de la comunicación y el periodismo sostienen que el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación es agresivo, ¿concuerda usted con esta postura?

Por supuesto, es el retorno de la ley mordaza lamentablemente en nuestro Estado ecuatoriano. Lo único que busca esta normativa es de manera camuflada penalizar la opinión y nos preocupan muchos artículos.

¿Cuáles son estos artículos que más preocupación causan?

Artículos como el 11 y 12, que hablan sobre la responsabilidad ulterior, pero abren la posibilidad a las acciones penales porque reza el artículo que sin perjuicio de las acciones civiles o de cualquier otra índole. Cualquier jurista o cualquier ciudadano sabe que al decir “otra” podrían ser acciones penales, me parece que es algo muy complicado que va en contra sobre todo de estándares internacionales. El artículo 17 también nos hace ruido, queda prohibida la difusión de toda información falsa a potestad del Estado, que se va a convertir en quien defina qué noticia es verdadera y qué noticia es falsa, esto está fuera de contexto y del respeto al trabajo periodístico.

Las reformas plantean la creación de un defensor de audiencias, ¿esto convierte a la Defensoría del Pueblo en un organismo controlador de la comunicación?

Otro de los temas que nos preocupa es el rol que se le quiere dar a la Defensoría del Pueblo, quieren volverla una defensoría de la mordaza o, en este caso, de guillotina. Al son de defensores de audiencias serán los funcionarios de esa institución los que tengan la potestad de decidir sobre el tema de contenidos, cuando entendemos que la Defensoría es justamente un ente que defiende al ciudadano. Actualmente, con la Ley que se reformó en el 2019 se tiene toda la potestad de que el ciudadano que se siente vulnerado pueda con una acción de protección poner en análisis el derecho vulnerado, por eso de ninguna manera podemos tolerar que se convierta la Defensoría en una Defensoría de la mordaza. (I)