Registros válidos de Yasunidos pasan a verificación
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Domingo Paredes, informó que un total de 599.103 registros del colectivo Yasunidos entrarán al proceso de verificación de firmas. El proceso arrancará en las próximas horas, una vez que el CNE entregue al acta de entrega-recepción del proceso a los integrantes del colectivo.
A nombre de la agrupación, Julio César Trujillo, representante de Yasunidos, señaló que se niegan a recibir el acta. Expresó su inconformidad, porque a su criterio, el CNE no respondió las inquietudes que tiene la organización. Señaló que se oponen a que los formularios de la agrupación sean rechazados por «formalidades».
El Presidente del CNE consideró que se está subestimando el concepto de «formalidad». Recordó que se busca respetar los derechos de ciudadanía, de privacidad y los derechos que sus firmas, números de cédula y firmas no sean de uso doloso. «La formalidad jurídica es importante para la aplicación de un precepto constitucional y una norma que rige el Código de la Democracia», dijo.
Recordó que la Consttitución y el Código de la Democracia dan facultades al CNE de reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia. «La formalidad no es un mero instrumento secundario, que puede obviarse, porque mañana en papel de empaque pueden presentarnos firmas», acotó.
Paredes señaló que el organismo electoral ha respondido 12 de 16 comunicaciones del colectivo, en el plazo de 15 días que tienen para contestar los requerimientos. Nathalia Cantos, coordinadora de asesoría jurídica, señaló que varias de esas esas inquietudes fueron «reiterativas», pero a pesar de ello fueron contestadas y «seguiremos contestando las que nos falta», precisó.
Cantos detalló que el proceso no puede pararse, a pesar de que el colectivo se niegue a firmar el acta-recepción. «No hay suspensión de los procesos», dijo.
Paredes afirmó que la reacción de Yasunidos «ha sido la violencia, acusaciones y calumnias». Agregó que incluso varios verificadores han denunciado que han sido objeto de maltratos por parte de representantes de la colectivo Yasunidos.
Cantos señaló a estas acciones como una «conducta beligerante de los miembros del colectivo, quizá por la incomprensión de la institucionalidad del CNE, nosotros tenemos que responder y enmarcar nuestras actuaciones en lo que dice la ley y la Constitución».
Aclaró que el «desconocimiento no exime de responsabilidad alguna, más aún cuando evidenciamos que un recolector es inexistente, o que no tiene su cédula correcta, esos formularios, obviamente tienen que ser anulados».
El titular del CNE indicó que «si las copias de cédula no son legibles o sin suficientes, si existió o no prolejidad en el cumplimiento de este requisito es responsabilidad de los proponentes no del CNE».
La asesora jurídica recordó que el CNE no puede ser «espontáneo, generar comisiones, sino hacer lo que la ley manda».
Paredes enfatizó que se ha actuado con absoluta transparencia y que no han evidenciado ninguna pérdida de cédulas de identidad de recolectores como señaló el colectivo.
Paredes explicó que 9.217 formularios fueron rechazadas en la primera fase de verificación de los formularios. Así, informó que 797 formularios fueron anulados en la fase de revisión de formatos, tamaño del papel, impresión, 1.297 de la revisión de encabezado, numeración y fecha (módulo 2); y 7.187 de la revisión de datos de responsables de recolección de firmas (módulo 3).
«El CNE lo están viendo como una ONG, posiblemente recuerdan los años 90 cuando el Estado no regulaba, cuando en el 2000 se desestructuraba, todavía la visión no se amplía, hoy tenemos un Estado regulador, la autoridad pública debe ser respetada, reconocida y usar los medios jurídicos para superar los conflictos».
Diego Tello, coordinador de procesos del CNE, detalló que una vez se entregue el acta corre el plazo de 15 días que tiene el CNE para entregar los resultados.
Voceros de Yasunidos señalaron que llevarán el caso a instancias internacionales.
Sin embargo, Paredes afirmó que se cumple con un proceso transparente, en donde participan veedores internacionales de Unasur y Uniore.