El CPCCS creará veeduría para analizar accionar del Consejo transitorio liderado por Julio César Trujillo.
La gestión del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) ha estado atravesada por varias medidas cautelares que se han en la justicia ordinaria. La última de ellas busca que una veeduría “diagnostique y evalúe” el proceso de designación de la Corte Constitucional en funciones.
Esto se refiere a la decisión tomada por el Consejo Transitorio, nacido de la consulta popular de 2018, que destituyó y cambió a los jueces de la Corte y abrió la puerta a dictámenes aplaudidos y criticados durante los últimos años. Ese aval o desaprobación de las decisiones de la nueva Corte depende de la lectura de los actores políticos y los intereses involucrados. Y los gobiernos de turno han encontrado un obstáculo en varias de sus decisiones.
A diferencia de lo que sucedía con la conocida como ‘Corte Cervecera’, durante el correísmo. Corte Constitucional, una institución polémica a lo largo de los años. Es por eso que ahora, con la nueva composición del CPCCS, nacida en las urnas por segunda ocasión y como consecuencia de la misma consulta popular, la creación de esta veeduría ciudadana genera cuestionamientos.
Parte del actual Consejo tiene vínculos políticos con el correísmo, movimiento político que ha criticado duramente la gestión del Consejo Transitorio y se opuso a la consulta de 2018. Y, si la Corte se ha caracterizado por algo en los últimos años, ha sido por no mantener lazos, al menos notorios, con los gobernantes.
Además, se ha convertido en la única institución del país con estabilidad y ha sido clave para dirimir incluso conflictos en otros poderes del Estado. Corte Constitucional dispone elegir nuevo titular para la Judicatura.
El presidente del CPCCS, Alembert Vera, advirtió que la veeduría servirá para “revisar los actos atroces cometidos por el Trujillato”.
Las inscripciones para conformar este organismo se abrieron el lunes 4 de septiembre y cerrarán ocho días después.
La veeduría fue solicitada por la ciudadana Betty Mercedes Moreira Marcillo y ordenada por el juez Multicompetente de la Unidad Judicial de Montecristi, en Manabí, Leiver Patricio Quimís Sornoza.
El juez sentenció además que el CPCCS “dé el acompañamiento y supervisión técnica y asigne los recursos económicos necesarios”, para el funcionamiento de la veeduría y que, en caso de no contar con fondos disponibles, solicite al Ministerio de Finanzas la inmediata asignación.
La Ley de Participación Ciudadana establece que las veedurías para el control de la gestión pública están destinadas al control de todas las funciones del Estado, en todos los niveles de gobierno.
El 31 de agosto, de 2018 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), cesó en sus funciones a los ex magistrados de la Corte Constitucional y declaró, una vacancia constitucional por 60 días, argumentando que no se podía nombrar jueces encargados “por unos pocos días”. Tal figura legal es inexistente en la Constitución del Ecuador y es así que una vez más, el CPCCS-T liderado por Julio Cesar Trujillo, hace de las suyas.
El órgano constitucional que había sido posesionado en el 2015, que había aprobado enmiendas en ese mismo año y que en este 2018 las derogaría, el que en octubre del 2017 ratificó una Consulta Popular, donde autorizó la cesación del anterior CPCCS y aprobó la figura de un Transitorio, fue destituido, ya que parecería no convenció a los Consejeros Transitorios durante la presentación de los descargos dentro del proceso de evaluación.