Se ahonda disputa entre el Estado y los sarayakus
El ministro del Interior, José Serrano, aseguró que la comunidad de Sarayaku impidió ayer en la mañana un operativo de la fuerza pública encaminado a “verificar” si en esa comunidad amazónica se encuentran Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, a quienes calificó como prófugos de la justicia, ya que deben cumplir una sentencia por injurias contra el presidente, Rafael Correa.
Según relató el Ministro, a las 09:00 dos helicópteros de la Policía aterrizaron en la pista de Sarayaku. En la una aeronave viajaban el director nacional de la Policía Judicial, Milton Zárate, y un fiscal, mientras que en el otro iban dos miembros de la Policía y dos camarógrafos para registrar los hechos. “Ninguno estaba armado (…). Se acercó uno de los supuestos miembros de la comunidad a quien se le informó cuál era del objetivo”, manifestó Serrano. Según agregó el fiscal general, Galo Chiriboga, él recomendó a los uniformados que fueran desarmados.
Sin embargo, a decir del funcionario, entre 250 y 300 integrantes de la comunidad no permitieron el ingreso al territorio “en una actitud hostil”.
Por su parte, Patricia Gualinga, dirigente de esa comunidad, en diálogo con Diario La Hora, a través de correo electrónico, manifestó que el aterrizaje no duró más de un minuto y que cuando se acercaron a preguntar qué querían, les informaron que habían ido a darles protección y que la comunidad se aglutinó alrededor del helicóptero alarmada por esa presencia sorpresiva.
Serrano criticó que entre los indígenas que se acercaron estuviesen personas encapuchadas, así como mujeres y adolescentes con lanzas y machetes. Pero además, cuestionó que en un reportaje de diario Expreso aparezcan los tres procesados resguardados por gente armada, a los que calificó de “paramilitares”.
“Esto no lo podemos permitir. El Gobierno rechaza esta acción beligerante que demuestra el intento por vulnerar el estado de derecho”, manifestó. “No son lanzas, no son piedritas, son armas de fuego. (…) No es una escopetita para matar aves en cacería”, dijo.
Gualinga rechazó la versión del Ministro y aseguró que el grupo que se acercó al helicóptero no estaba armado y en relación a las fotos añadió que son escopetas de cacería, que siempre las han utilizado para proveer a sus familias.
En este mismo sentido se pronunció el legislador por Pachakutik Pepe Acacho, quien aseguró que no hay por qué alarmarse, ya que no son armas contundentes como las que tienen los militares o policías.
Por su parte, Milton Gualán, quien reemplazó a Jiménez en la curul, aseguró que lo actuado por parte de la Policía constituye un hostigamiento hacia ese pueblo.
° La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, manifestó que el pueblo Sarayaku no puede aducir que protege a los tres procesados amparado en las medidas cautelares y la sentencia que a su favor dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIdh), ya que esta se refiere al retiro de pentolita.
Pero, para los dirigentes de la comunidad, lo que no se justifica es que el Gobierno ignore las medidas cautelares dictadas a favor de los tres sentenciados. “Se supone que estas instancias de protección de Derechos Humanos fueron creadas para proteger derechos cuando un Estado no garantiza imparcialidad, como es en este caso”, dijo Patricia Gualinga.
250 dígenas habrían impedido la medida, según Serrano.
18.meses de prisión debería guardar Jiménez.(La hora)