Fraude en depósitos judiciales
Siete exejecutivos del Banco Nacional de Fomento (BNF), sucursal Guayaquil, enfrentan un llamamiento a juicio con orden de prisión preventiva, por su presunta autoría en un delito de peculado que habría perjudicado por cerca de un millón de dólares a varios juzgados de la Corte Provincial del Guayas, en las cuentas que mantienen por concepto de depósitos judiciales.
El juez de la Unidad Penal Norte N° 2 Albanborja, Reynaldo Cevallos, acogió -el pasado lunes- un dictamen mediante el cual el fiscal Juan Martínez acusó a los exfuncionarios del delito tipificado en el artículo 257 del Código Penal y reprimido de 8 a 12 años de reclusión mayor ordinaria.
La investigación tuvo como antecedente una denuncia presentada por Marcelo Moreira García, gerente comercial subrogante del BNF (sucursal Guayaquil) ubicada en las calles Panamá y Roca, desde donde se habría detectado la anomalía.
Según expuso el denunciante, el 8 de abril de 2013, una funcionaria de la entidad le hizo conocer respecto a un pago de 8.776,21 dólares que se había realizado cuatro días antes, por concepto de depósitos judiciales (relacionados con pagos de multas, fianzas, entre otros). Después de la verificación, comprobaron que el cliente nunca se había acercado a la ventanilla para efectuar transacción alguna.
Luego de actualizarle la libreta, se percataron además que el cliente tenía una cédula distinta a la que se ejecutó la referida transacción.
Con esos antecedentes, la Fiscalía inició una investigación que puso al descubierto la manipulación del sistema informático interno del banco, y que terminó perjudicando a las arcas de trece juzgados de las materias de Tránsito, Penal, Aduanas, Trabajo, Civil de Guayaquil y Galápagos; y, hasta la Intendencia General, según señala un informe de auditoría realizado por el BNF.
La fiscalización detectó quiénes habían realizado no solo esas transacciones irregulares, sino otras, entre el 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2013. Una vez revisados los estados de cuenta, se constató que existían pagos realizados al mismo beneficiario por diferentes valores y juzgados (que da un total de $ 980.990), sin el soporte (oficio o providencia) emitidos por las judicaturas. También se descubrió otros débitos por $ 15.280, realizados por otras dos personas: un abogado y un auxiliar de un tribunal Penal de Guayaquil.
Los supuestos beneficiarios declararon en la Fiscalía que nunca recibieron dinero alguno ni firmaron documentos de retiros del BNF de Guayaquil. Además, que las firmas estampadas en los comprobantes de cobros eran adulteradas y que no conocían a la principal implicada en el caso, deslindando cualquier responsabilidad. (Expreso)