El caso del periodista Marco Pérez o la incoherencia (o conveniencia) del poder

Por: Rubén Darío Buitrón

Uno de los programas más escuchados de Radio Universal (emisora incautada a los exbanqueros Isaías y entregada a la Prefectura de Pichincha) era Alternativa.

Lo dirigía y conducía, a su estilo, el periodista Marco Pérez Torres, con muchos años de experiencia en radiodifusión popular en la emblemática Radio Tarqui, que hizo historia en las últimas décadas.
Ahí se crió y desarrolló profesionalmente Marco Pérez. Y nunca dejó esa manera de comunicar: decir las cosas como son con el lenguaje de la gente y, lo más importante, escuchar lo que la gente opina, comenta, sugiere, demanda.
El programa Alternativa surgió y mantuvo ese estilo directo. La denuncia. La conminación a las autoridades a que rindan cuentas. El decir las cosas como son.
Pero, aunque parezca lógico, aunque tenga sentido común, resulta difícil cuando el poder empieza a incomodarse, cuando lo que dice el periodista y lo que dice la gente comienzan a producir malestar en la cúpula.
No es la primera vez que sucede algo así en este año. Recordemos el caso del programa El poder de la palabra, dirigido por Francisco Herrera Aráuz, quien denunció que una de las primeras decisiones del alcalde Rodas, el 16 de mayo, fue impedir que el espacio se difundiera por Radio Municipal, pese a que había un contrato legalmente firmado entre el Cabildo y Ecuador Inmediato.
De vuelta con el caso de Pérez, el viernes 28 de noviembre fue convocado a una reunión por la gerente de la radio Pichincha Universal, Patricia Saldaña, junto con la jefa de redacción Isabel Paz y Miño.
Saldaña no demoró en lo quería decir: según cuenta Marco Pérez, sin ningún papel ni argumento legal, le dijo que le notificaba la decisión de “cerrar temporalmente la emisión del programa Alternativa en consideración a las reiteradas quejas del alcalde Mauricio Rodas ante el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja”.
Los días anteriores, Marco Pérez había puesto en escena el tema de la teletón y la gente que llamaba al programa rechazaba que se imitara la tradición socialcristiana en época navideña: hacer una colecta para los pobres. Dar limosna a los pobres. Recoger limosna para los pobres. Con el pretexto que fuese.
El 3 de diciembre, así mismo sin argumento legal alguno, se vuelve a llamar a Pérez y se le entrega un oficio en el que Pichincha Universal decide, en forma unilateral, terminar el contrato de coproducción que mantenía con la radiodifusora.
Pérez Torres protestó: no hubo el debido proceso ni una justificación legal o de contenido para cerrar el programa de opinión.
Indignado, el periodista les respondió que “si el origen de esta censura proviene del alcalde Rodas, lo reto públicamente a que, si tiene alguna objeción al contenido que la ciudadanía emite a través del programa, acuda a la Supercom y plantee una demanda. Las instancias legales -puntualiza- se resuelven en derecho y no con telefonazos”.
El caso se agrava cuando los directivos de la radio impiden la emisión del programa del viernes 28 de noviembre, sin previo aviso.
Pérez Torres recuerda que antes de estos hechos, a mediados de agosto, recibió una llamada de la entonces Directora de Prensa del Municipio de Quito, quien le transmitió la preocupación del alcalde Mauricio Rodas por los contenidos transmitidos en Alternativa y en las cuentas en redes sociales del periodista.
Narra que la funcionaria le pidió “borrar esos contenidos” y que le invitó a su oficina “a tomarse un cafecito y conversar, antes de emprender otro tipo de acciones”.
Pérez no acudió a esa reunión por considerar que se ejercía censura previa sobre su derecho a la expresión y, además, se le hacía una velada amenaza.
Sin embargo, no se ha callado. Ha hecho plantones, ha ido a lugares públicos a denunciar lo ocurrido con su espacio y la gente que lo escuchaba lo está respaldando.
Y, sin otro camino para protestar legalmente, ha decidido presentar su queja por censura previa ante la Superintendencia de Comunicación, como lo han hecho, de forma personal, 18 de sus oyentes.
Pero, ¿cómo entender que el prefecto Gustavo Baroja, uno de los máximos dirigentes de Alianza PAIS, dejara que cerraran el programa del medio público que está a su cargo?
¿Cuáles son, en realidad, las relaciones de poder entre el prefecto y el alcalde para que eso haya sucedido?
Si existe ese acuerdo confidencial entre las autoridades locales (Baroja y Rodas), el caso del periodista Marco Pérez expresa las incoherencias ideológicas. Y si existe, son las burdas conveniencias del poder.
Y deja algo importante en el aire: la Supercom tiene ahora en sus manos una pelota de fuego.
¿Se atreverá a sancionar a quien es el máximo responsable de la radio desde lo institucional y que ahora es el líder de PAIS en Pichincha?/

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