La Asamblea se allanó al veto parcial a la Ley de Galápagos
Con 88 votos afirmativos y 35 negativos, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó totalmente al veto del Ejecutivo a la Ley de Régimen Especial de Galápagos.
Durante la sesión se registraron confrontaciones verbales entre el legislador Ángel Vilema, expulsado por el Comité de Ética de Alianza PAIS, Fanny Uribe, militante de Avanza, y la segunda vicepresidenta del Legislativo, Marcela Aguiñaga.
Incluso Uribe abandonó abruptamente su curul e intentó acercarse a Aguiñaga. La Vicepresidencia Rossana Alvarado instó a Uribe para que se tranquilizara. Inmediatamente unos 6 policías la detuvieron y le increparon para que regresara a su curul.
Uribe se levantó de su asiento, luego de que escuchó que Aguiñaga recordó al Pleno que no ha existido ningún Gobierno en la historia del Archipiélago que le haya dado más a los habitantes que la Revolución Ciudadana.
La vicepresidenta se refirió a que la denominada Ley Galápagos beneficia a los «galapagueños que van a pie». Indicó que hay asambleístas que se opusieron porque no les beneficia. Entre ellos, dijo, se encuentran Vilema, quien «es operador operador turístico y es dueño de hoteles y de barcos». «Uno debe defender una agenda común, pero los políticos de turno si lo tienen», reiteró Aguiñaga.
La vicepresidenta también se refirió sobre Uribe. Indicó que ella fue una protagonista de la explotación «pepinera» en el Archipiélago.
En ese instante, Uribe salió de su puesto con dirección hacia Aguiñaga, en medio de los gritos y aplausos de los asistentes que apoyaron a los legisladores que se oponían a la Ley Galápagos. La vicepresidenta ordenó a los guardias que pidieran orden, pero eso no detuvo a la militante de Avanza.
Aguiñaga miró de lejos la actitud de Uribe y repuso ante el Pleno que no le da miedo ser a amedrentada. Reiteró que la familia de Uribe es una de los grandes comerciantes de la Península y que eso lo conocen los habitantes de la península.
«La legisladora Uribe, que su familia es dueña de ferreterías del Archipiélago, sería bueno pedir control en el indicador de precios en su próspero negocio en la Isla Santa Cruz», dijo.
Ese altercado fue un punto de partida para intercambiar expresiones. Vilema pidió nuevamente la palabra y reiteró que se fue de la bancada de PAIS porque a él le interesa defender un proyecto político.
“Me voy porque el pueblo está por encima de un proyecto político, no tengo miedo de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia”, dijo el legislador y criticó la postura de Aguiñaga, quien había señalado que los habitantes de Galápagos son «descendientes de delincuentes».
«Que pena que se exprese así de los galapagueños», expresó Vilema, quien llevó puesta una camiseta blanca que decía «Justicia para Galápagos», en letras negras.
En su intervención Vilema agregó: “¿Quién no sabe que usted es la tendencia de derecha en el movimiento PAIS” y expresó que “ningún proyecto político puede estar por encima del pueblo».
En su contraposición Aguiñaga respondió que nunca ha dicho que los pobladores de Galápagos son delincuentes. “Claramente hice alusión a la colonia presidiaria abolida en 1959″, dijo tras reiterar: «Crecí en el seno de una familia trabajadora, luchadora y honesta que inculcó en mi valores que los hoy defensores de Galápagos no tienen”.
La vicepresidenta del Legislativo también descartó la postura de Uribe, la cual señaló que el 52% de la población isleña es pobre.
Explicó que de acuerdo a las últimas cifras se determinó que la pobreza no extrema afecta 9.270 habitantes, lo que representa el 40,2% y que la pobreza extrema se registra en 2.677 personas, es decir el 11,6% y reiteró que se deben hacer las sumas correctas.
«Hoy más que nunca ese indicador puede ser evidentemente que su realidad económica esté plasmada para los verdaderos galapagueños a pie».
Aguiñaga recordó en 2008, la asambleísta Uribe ganaba hasta 3 sueldos. Añadió que la Ley Galápagos no va a afectar a los isleños.
Vilema insistió en su argumento de que esta normativa «afecta directamente a salarios de pobladores y trabajadores». Esto fue negado por los legisladores oficialistas.
El miércoles pasado, la Comisión de Gobiernos Autónomos se allanó con 7 votos a favor y 2 en contra (Ángel Vilema y René Yandún) al veto del presidente Correa.
Entre los principales cambios en la normativa está la asignación de los salarios de los servidores públicos y privados que, según el veto, se fijarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y no al doble para los públicos y 75% más para los privados, como actualmente rige.
La semana pasada, Fausto Terán, vicepresidente de la Comisión, señaló que se analizaron las observaciones. Dijo que había una inequidad con la asignación actual: “Hemos creído que no debe ser regulado al ojo, sino que tiene que haber algo técnico”. Por ello, afirmó que la mesa legislativa decidió que los porcentajes del incremento se realicen por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El legislador explicó que el IPC recoge una canasta no solamente con productos, sino otros complementos, como tecnología, y todo aquello conforma el índice total. “El porcentaje que sea deberá multiplicarse por los sueldos establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales”, indicó Terán.
Ese criterio lo compartió Eliécer Cruz, gobernador de Galápagos, quien manifestó que el análisis del Índice de Precios al Consumidor será técnico. El funcionario consideró que “por primera vez se aplicarán medidas técnicas basadas en la realidad del costo de vida de Galápagos”.
Tras finalizar el debate y aprobarse la Ley, Aguiñaga reiteró que se trata de una norma orientada al bien común.
«No vamos a pretender que los «pseudos defensores de Galápagos» se declaren a favor de la ciudanía», dijo. Añadió que no habrá reducción de sueldos para los trabajadores y que se pretende que sus sueldos obedezcan a un indicador técnico. (El telégrafo)