La U Andina Simón Bolívar habría reportado sueldos distintos al IESS
Leonardo Berrezueta, ministro de Trabajo: Más de $ 1 millón -anuales- sería la diferencia entre lo que la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) declaró al Consejo de Educación Superior (CES) y lo que reportó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concepto de sueldos a los docentes y funcionarios.
Frente a eso, el funcionario informó que desde la entidad se solicitó al IESS que realice un examen exhaustivo junto con el Servicio de Rentas Internas (SRI) a la Andina.
Además, Berrezueta indicó que hasta las oficinas del Ministerio del ramo han llegado varias denuncias (no especificó cuántas) de profesores de la Andina indicando que no les pagan el sueldo correspondiente con respecto al régimen de escalafón establecido. “Estas denuncias están siendo canalizadas”, indicó.
Según un informe de desembolsos realizados por la universidad en 2014 (al que tuvo acceso este diario), se habría cancelado al personal académico, por sueldos y beneficios sociales, un total de $ 4’060.257,17.
Además, según la documentación, el actual rector César Montaño (cuya designación ha sido desconocida por el Parlamento Andino), recibiría una remuneración mensual de $ 6.490. Pero la universidad habría declarado al IESS ingresos por $ 3.027.
En medio de este contexto, Montaño asumió el pasado viernes el rectorado de la UASB en un acto simbólico. En días pasados, el Consejo Superior declaró ilegal su nombramiento, al igual que el Parlamento Andino, por transgredir las leyes vigentes para ser rector en Ecuador. La norma estipula que la máxima autoridad de una universidad no puede obtener su doctorado en la institución que aspira a dirigir.
Enrique Santos, del CES, informó que ese organismo realizará un pronunciamiento oficial después de que el Tribunal Andino de Justicia dé su veredicto con respecto a las demandas que receptó.
La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establece en el artículo 25 que las universidades deben rendir cuentas del cumplimiento de sus fines y de los fondos públicos recibidos, mediante el mecanismo que establezcan la Contraloría y la Senescyt.
Berrezueta subrayó que el hecho de que una universidad reporte al IESS valores inferiores a lo que establece la ley se podría considerar como un presunto delito, pues existiría un perjuicio al fondo del IESS. “Las investigaciones continuarán”, dijo el ministro de Trabajo. Adelantó que se extenderán a otras universidades de ser necesario. (I) El telegrafo
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