Cinco años de incumplimiento y contaminación: El caso «mecheros» continúa en la impunidad.
Lago Agrio, 28 de julio de 2026 Mañana, 29 de julio de 2026, se cumplen cinco años de incumplimiento del Caso Mecheros, y también cinco años de incumplimiento por parte del Estado ecuatoriano. Cinco años en los que miles de familias han continuado respirando contaminación, enfrentando nuevas enfermedades y viendo cómo se vulnera diariamente su derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La lucha inició el 18 de febrero de 2020, cuando nueve niñas presentaron una Acción de Protección en defensa de sus derechos. El 3 de mayo de 2021, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos les dio la razón, reconociendo la violación de derechos y ordenando medidas de reparación que debían cumplirse de manera inmediata.
Ministerio de Energía y Minas (antes Ministerio del Ambiente): Debía eliminar todos los mecheros ubicados cerca de centros poblados en un plazo de 18 meses (vencido el 29 de marzo de 2023), elaborar planes de monitoreo y remediación, y garantizar sistemas de abastecimiento de agua segura en coordinación con los municipios. Nada de esto se ha ejecutado a cabalidad.
El Ministerio de Salud Pública: Tenía la obligación de realizar un estudio médico y científico sobre las afectaciones a la salud hasta enero de 2022 e implementar una Unidad Oncológica en el Hospital Marco Vinicio Iza de Lago Agrio. Las promesas siguen en el papel mientras las comunidades claman por atención médica especializada.
A cinco años de la sentencia, estas disposiciones continúan sin cumplirse integralmente. Los mecheros siguen encendidos, la contaminación persiste y las comunidades continúan expuestas a graves riesgos ambientales y sanitarios. Frente a esta realidad, surge una pregunta inevitable: ¿Para qué sirven las instituciones públicas si no garantizan el cumplimiento de una sentencia que protege derechos fundamentales? La situación es especialmente preocupante en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde se concentra gran parte de la actividad petrolera y donde las consecuencias de la quema de gas son más evidentes. Según datos disponibles existen 749 casos de cáncer, de los cuales el 72 % corresponde a mujeres y el 28 % a hombres. Mientras tanto, las comunidades continúan denunciando problemas de salud, contaminación de fuentes de agua y afectaciones a sus medios de vida. Los impactos también recaen sobre los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía norte del ecuador, entre ellos los pueblos A’i Cofán, Waorani, Siekopai, Kichwa, Siona y Shuar, cuya supervivencia cultural y económica depende directamente de la salud de los ecosistemas amazónicos. La pérdida de biodiversidad, los constantes desastres ambientales y los efectos cada vez más visibles del cambio climático profundizan una crisis que amenaza a toda la Amazonía.
Además, el Informe Global de Seguimiento de la Quema de Gas 2026 del Banco Mundial evidencia que Ecuador mantiene niveles elevados de quema de gas. Entre 2021, año en que se obtuvo la sentencia, y 2025, año en que se presentó la acción de incumplimiento, el volumen de gas quemado habría aumentado aproximadamente un 5 %, demostrando que esta práctica continúa generando emisiones de gases de efecto invernadero y agravando los impactos sobre las comunidades amazónicas.
La vulneración de derechos no puede continuar. El próximo 13 de agosto se cumplirá un año desde la presentación de la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, mientras que la sentencia sigue vigente y de obligatorio cumplimiento.
Por ello, exigimos a la Corte Constitucional del Ecuador garantizar la ejecución efectiva de la sentencia, adoptar medidas urgentes frente al incumplimiento y exigir que Petroecuador y las empresas privadas cumplan con las obligaciones establecidas. No podemos esperar hasta 2030 para eliminar los mecheros. Cada día de retraso significa más contaminación, más enfermedades, mayor riesgo para el acceso al agua y una afectación irreversible para los cultivos, la biodiversidad y la vida de las comunidades amazónicas.
Ante esta clara denegación de justicia, la UDAPT solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, una audiencia pública para exponer la situación que enfrentan miles de personas que continúan viviendo junto a fuentes de contaminación por la quema de gas de la industria petrolera. La sentencia es clara. Exigimos su cumplimiento total e inmediato. El Estado ecuatoriano no puede seguir violando una decisión judicial que protege los derechos de la Amazonía y de las generaciones presentes y futuras. Contacto: Teléfono: (593) 6 2830405 Email: udapt1993@gmail.com WEB: www.udapt.org
