Afiliados, jubilados y pensionistas de Pichincha presentan proyecto de Reforma la Ley de Hidrocarburos

Por: Fredy Aguirre A.

Se propone que EP Petroecuador sea administrada mediante una ley específica y no a través de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que significa administrar una actividad económica de la importancia de los hidrocarburos, en el marco de una enorme trama burocrática.

Desde la participación ciudadana, como actor de la Sociedad Civil, la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS de Pichincha1, presenta al país, al Gobierno Nacional y a la Asamblea Nacional, una propuesta de reforma petrolera para que le quede al Ecuador, por lo menos, el 80% de los ingresos de la explotación petrolera, para lo cual formulamos un proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos, en el que definimos un solo tipo de contrato para explorar y explotar los hidrocarburos, así como proponemos la necesidad urgente de controlar los costos de producción del barril de petróleo, los mismos que no deben exceder el 20% de los ingresos de la venta del hidrocarburo.

En la actualidad los costos de producción del barril de petróleo superan el 50% de los ingresos de la venta del hidrocarburo, siempre y cuando el barril de petróleo se venda en USD 70, si baja de este precio, los costos pueden igualar o superar al precio de venta, como ya ocurrió en los años 2015 y 2016, en los que, los costos de producción tuvieron una incidencia en el precio en el 76.83%
y 92% respectivamente; en este caso, al país le quedó la cola del león en materia de renta petrolera.

La propuesta, según Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS de Pichincha1, que están formulando ya estuvo vigente en el período 1972- 1992, de la que el país recibió el 93% de los ingresos de la renta petrolera y la contratista el 7% (Luis Alberto Aráuz, abogado especialista en derecho petrolero).

Al realizar un análisis comparativo de la participación accionaria, de los costos de producción, del pago de impuestos y de la distribución de la renta petrolera entre los períodos 1972-1992 y 1993-2020, no hay duda, de que el primer período fue el más beneficioso para el país en materia de ingresos económicos, porque en lo fundamental, la relación contractual que tuvo el Estado fue con una sola compañía, la que tenía a su cargo la operación de los campos petroleros; en cambio, a partir de 1993 la relación contractual es con un sinnúmero de compañías, en la que todas ellas se llevan un pedazo del pastel de la renta petrolera a través de los exagerados costos de producción que le facturan al Estado por la explotación de un barril de petróleo.

En el supuesto de que en los próximos años el precio del petróleo se mantenga en los USD 70 por barril, y que los costos de producción no excedan los USD 20, el país tendría un ingreso de USD 50 por barril para el Presupuesto General del Estado; y, con una producción de 500 mil barriles por día, 100 mil se destinarían para cubrir costos de producción y 400 mil para el PGE.

En el proyecto de reforma se ha restituido el pago de regalías petroleras que se dejó de recibir desde los años noventa, y que sus ingresos servirán para que el Estado pague las deudas al IESS y cumpla con otras obligaciones presupuestarias que tiene pendientes.