Ley de Oportunidades tiene seguidores y detractores

Por: Diego Campos Almeida

Los temas laborales son los que más cuestionamientos tienen. La Asamblea tiene 30 días para aprobar o rechazar el documento

El proyecto de Ley de Creación de Oportunidades presentado ayer a la Asamblea Nacional por el presidente de la República, Guillermo Lasso, con el carácter de económico urgente tiene sus defensores especialmente entre los sectores empresariales, industriales y políticos de derecha; mientras que sus detractores se ubican más bien por el lado de los trabajadores, sectores sindicales y movimientos sociales.

Es que el mencionado cuerpo legal pretende, entre otras cosas, crear un régimen laboral alternativo al que contiene el Código Laboral actual.  “El trabajador ha ganado la libertad para elegir la forma, tiempo y modo en cómo trabaja. Hoy en día, mantener como única opción una normativa en muchos aspectos anacrónica es la máxima vulneración de derechos”, señala parte del documento.

En esto concuerda el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz-Granados, para quien es necesario crear nuevas modalidades de trabajo “en un mundo que ha cambiado”, señaló.

Así, las contrataciones que se produzcan de ahora en adelante, si se aprueba la ley, podrían determinar horarios flexibles de labores, sin pasarse de las 40 horas semanales; es decir un trabajador podría trabajar unos días más de ocho horas y otros días menos. También la ley posibilitaría la contratación por horas.

Otros temas sensibles que toca el proyecto de ley de Creación de Oportunidades en materia laboral, son los que hacen relación a las indemnizaciones por despido y el aporte del empleador a la jubilación patronal.

Estos puntos son rechazados por las organizaciones sociales y sindicales del país, pues consideran que se vulnerarían derechos laborales adquiridos a lo largo del tiempo y que además la pretendida ley estaría vulnerando la Constitución, ya que a decir de Mesías Tatamuez, presidente de la Cedocut, no se puede presentar en el mismo cuerpo legal temas relacionados con lo laboral, tributario y económico. Por eso estima que la Asamblea devolverá el proyecto al Ejecutivo para que éste separe las propuestas.

Algo similar opina el ex ministro Coordinador de la Política Económica, Diego Borja, para quien lo que propone el Ejecutivo es aprovecharse de las condiciones actuales de los ecuatorianos para ofrecerles cualquier empleo “y decir, vamos a generar una ley de alta flexibilización del trabajo, de alta precarización, en la cual las personas que no encuentran un trabajo y que pueden hacerlo sin las debidas protecciones de la seguridad social, de los pagos mínimos por su trabajo, sin las debidas modificaciones, la gente va a aceptar”, cuestionó en diálogo con Ecuador al Día.

En lo tributario, en cambio, este cuerpo legal establece, entre otras cosas, una contribución única y por dos años a quienes tengan un patrimonio superior a los 500 mil dólares y a las empresas que superen el millón de dólares de patrimonio.

“Se estima que las contribuciones objeto de esta ley significarán un impulso de al menos USD 700 millones para la sostenibilidad fiscal del Estado. Este estímulo al sector público está equiparado por los incentivos al sector privado propuestos por esta ley, así como por los costos derivados del financiamiento de la atención de la pandemia”, indica el documento.

Para Borja, éstos son los impuestos que se deben aplicar por parte del régimen, es decir, los que van encaminados hacia los más ricos “A los grandes capitales, a los grandes empresarios que en conjunto tienen 60 mil millones de dólares en activos”, aseveró.

Mientras que el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, también se mostró contrario a este cuerpo legal, “es un Estado que traga y un pueblo que paga”, cuestionó al tiempo de señalar que los impuestos los termina pagando el consumidor final, pues los empresarios e industriales lo cargarán a este al momento de la venta de sus productos y servicios.

También la ley ampliaría la base impositiva del impuesto a la renta al cobrarse a quienes tengan ingresos desde los 24 mil dólares al año. Además, eliminaría el impuesto al valor agregado de varios artículos, sobre todo de uso femenino, así como el impuesto a los consumos especiales en los planes de telefonía celular.