Audiencia de juzgamiento contra Iza en suspenso
Latacunga Cotopaxí 5 de julio de 2022. La Unidad Judicial de Cotopaxi suspendió la audiencia de juzgamiento en contra del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, quien el 14 de junio fue detenido por paralización de servicio público, en el contexto de las manifestaciones que concluyeron el pasado 30 de junio.
La jueza Paola Bedón tomó la decisión tras el pedido de las partes procesales sobre la evacuación de pruebas y consulta a la Corte Constitucional sobre la imparcialidad de la magistrada, ya que fue ella quien conoció la flagrancia.
Al juzgamiento convocado para las 10:40 de este 4 de julio en la Unidad Judicial de Latacunga, Cotopaxi, llegaron puntuales los sujetos procesales. Los últimos en llegar fueron Iza, Poveda y otros cuatro abogados más que lo defienden. Para ese momento la jueza había decidido que al ser un delito contra el Estado la audiencia debía ser reservada. Solo 17 puestos estaban habilitados en la sala 9 del Complejo Judicial. Varios de los que llegaron con el líder indígena se quedaron fuera.
De acuerdo con Carlos Poveda, abogado defensor del titular de la Conaie, no debería ser quien lo juzgue ya que “existiría contaminación probatoria”.
El jurista Raúl Ilaquiche, quien también forma parte de la defensa de Iza, indicó que la jueza Bedón decidió remitir todo el expediente a la Corte Constitucional “para que analice y resuelva lo pertinente dentro de los 45 días”.
“La lucha no es de una organización o de una sola persona, es de los indígenas, es del pueblo. Así que si por reclamar derechos quieren encerrar a uno, todos debemos estar en la cárcel, porque todos estuvimos en las protestas”, apuntaba un líder del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi en la Plaza El Salto, en Latacunga.
Aparentemente, todos los sujetos procesales tenían pruebas que no habían podido ser evacuadas y era importante que sean anexadas para hacer una correcta defensa de sus teorías. Ante ello se solicitaba un pronunciamiento a la CC para que analice si ese plazo de 15 días era suficiente para evacuar todas las pruebas pedidas dentro de un proceso judicial que es calificado por Poveda como parte de una persecución política.