Este viernes será el juicio político a cuatro consejeros del CPCCS
Quito, 15 Noviembre 2022. El Pleno de la Asamblea Nacional, con 84 votos afirmativos, resolvió proceder al enjuiciamiento político de Hernán Ulloa, Graciela Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo Macías, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por incumplimiento de funciones, en aplicación de lo previsto en el último inciso del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La decisión se sustenta en que se han encontrado méritos suficientes para el enjuiciamiento político, conforme a la solicitud y pruebas presentadas y practicadas en el juicio político interpuesto por los asambleístas Ángel Maita y Mireya Pazmiño.
El texto resolutivo propuesto por la asambleísta Mireya Pazmiño dispone al Presidente de la Asamblea Nacional continúe el trámite previsto en el artículo 83 de la LOFL, así como a la Secretaría General la notificación de la resolución a Hernán Ulloa, Graciela Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo Macías.
Debate
En el debate intervinieron 15 asambleístas de distintas tendencias políticas. Algunos de los criterios estuvieron orientados a justificar la aplicación de lo determinado en el último inciso del artículo 142 de la LOFL, que permite al Pleno de la Asamblea resolver sobre un proceso de fiscalización, en caso que una comisión especializada no emita el respectivo informe.
Igualmente, se alertó que en caso de llegar a la censura y destitución de los cuatro consejeros sometidos a juicio político, sus reemplazos serán ciudadanos que fueron elegidos por votación popular en el 2021, según el orden de votación que hayan obtenido.
Juicio político será el viernes
Por convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, el Pleno sesionará este viernes, 18 de noviembre, a las 14h30, con el propósito de proceder al juicio político en contra de Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo Macías, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por incumplimiento de funciones al reformar el Reglamento para la designación del Contralor y por la falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
Dichas causales constan en la solicitud de enjuiciamiento político presentada por los asambleístas Ángel Maita y Mireya Pazmiño, quienes sustentaron sus afirmaciones ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro de la fase de actuación de pruebas.
Esta convocatoria responde a la decisión adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional, este martes, 15 de noviembre, con 84 votos afirmativos, por la cual resuelve enjuiciar políticamente a los cuatro consejeros y consejeras del CPCCS, al haberse encontrado méritos suficientes conforme a la solicitud y pruebas presentadas y practicadas en el juicio político interpuesto por los legisladores Maita y Pazmiño.
Darwin Pereira de los denominados rebeldes de Pachakutik, dijo este miércoles que, el proceso de interpelación contra los cuatro vocales del CPCYCS, es por que se evidencia que han incumplido con sus obligaciones de nombrar autoridades. Citó casos como: Defensor Público, vocales del CNE, TCE, Defensor del Pueblo y Contralor, y Superintendente de bancos. Los tres Consejeros que han sido salvados, en una primera instancia, es porque no votaron por la destitución del Presidente del Consejo de la Judicatura. Lo que sí hicieron los Consejeros que están siendo sujetos de juicio.
Las alianzas políticas entre el correismo (actualmente UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC) tienen larga data y han quedado en mayor evidencia en el actual periodo legislativo.
Cooptar espacios
Los acuerdos que se producen en la Asamblea están encaminados a poder mantenerse en las instancias de poder y para lograrlo no hay límites, opinó Patricio Carpio, doctor en sociología. En ese caso, consideró que las propuestas que plantearon cuando eran candidatos, o aspectos como la ética no tienen relevancia a la hora de decidir cómo mantenerse en la esfera de privilegios.
Esto explica -a su criterio- cómo organizaciones y partidos que tienen aparentemente ideologías diferentes, a la hora de plantearse políticas públicas, solo afloran intereses particulares y partidarios.
La dialéctica entre pugnas y acuerdos van en función de cooptar los diferentes espacios de la estructura del Estado, y mientras tengan mayor capacidad de incidencia por ejemplo, para los correístas, será mantener impunidad. Y en el caso del PSC, la posibilidad de mantener determinados privilegios en base a leyes que pueden llevar a la acumulación de riqueza como reformas alrededor de la banca, del sector financiero, o exportaciones.
El pacto escaló
Los acuerdos escalaron en julio de 2022, cuando el correísmo, el PSC, sus aliados de Pachakutik, y la Izquierda Democrática empezaron a controlar la Asamblea, tras la destitución de Yeseña Guamaní (ID), de la segunda vicepresidencia.
Marcela Holguín (correísta) y Darwin Pereira (rebelde de Pachakutik) fueron designados para ocupar la primera y segunda vicepresidencias de la Asamblea. Las dos nuevas autoridades, además de obtener los votos de sus agrupaciones políticas, también recibieron el respaldo del PSC, de los disidentes de la ID y varios independientes.
Los acuerdos más recientes
El más reciente acuerdo se produjo en la sesión del pleno de este martes 15 de noviembre de 2022. La moción para el inicio del juicio político a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), fue planteada por Mireya Pazmiño (PK) que logró sumar 84 votos de las bancadas correísta y del PSC.
El Presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira, y los consejeros Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo serán interpelados por un presunto incumplimiento de funciones. Pazmiño argumentó que para la designación del Contralor General del Estado se habría “arreglado” el reglamento, y habría irregularidades en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial.
Sofía Almeida, David Rosero y Juan Xavier Dávalos, actuales vocales de minoría quedaron fuera del juicio político que iniciará este viernes 18 de noviembre de 2022 a partir de las 14:30. Para la censura y destitución de los cuatro vocales se necesitan 70 votos.
Lo cierto es que. “El país no puede estar sujeto a la coyunturas políticas; hace falta una agenda legislativa para llegar a acuerdos que beneficien al Ecuador en su gobernabilidad”.
Aquí hay una mayoría que tiene por propósito capturar la Contraloría, y qué vendrá después: la Fiscalía, las Cortes”.
