Juez ratifica funciones de los Consejeros del CPCCS y anula proceso político.
Quito, miércoles 7 de diciembre de 2022. Una vez finalizada la Audiencia de Acción de Protección, realizada en la Unidad Judicial de La Concordia, en Santo Domingo, el juez Ángel Lindao señaló que en la Resolución RL-2021-2023-115 de la Asamblea Nacional se vulneraron los derechos de los consejeros: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo al debido proceso y a la seguridad jurídica, por lo que se aceptó la acción de protección y se dispuso la nulidad absoluta del proceso político realizado por el Legislativo.
Adicionalmente, el juez Lindao en su argumentación, dentro del proceso 23303-202201419, hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que se respeten los órganos del poder público porque “ningún órgano del Estado está por encima del control constitucional”. Se explicó además que, en efecto, es facultad de la Asamblea llevar a cabo procesos de fiscalización, pero deben enmarcarse dentro de los preceptos legales establecidos en la Ley Orgánica Legislativa que prevé el trámite para un proceso de destitución.
El juez señaló que es competente para conocer la causa, ya que el Art. 32 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que cualquier ciudadano puede pedir una medida cautelar ante cualquier juez. Si bien, el hecho que se trata sucedió en la ciudad de Quito, el efecto es a nivel nacional, pues el CPCCS cumple sus funciones en todo el territorio ecuatoriano.
El argumento de defensa técnica de los consejeros del CPCCS se basó en que el control político realizado por la Asamblea Nacional debe respetar la Constitución y que el derecho a la defensa requiere garantías básicas del debido proceso, porque en esto se basa la seguridad jurídica. En este caso, los asambleístas votaron la moción de censura sin que exista un informe, por lo que los consejeros desconocían los argumentos por los que eran juzgados. Además, no se respetó el tiempo legal para la convocatoria, de modo que los interpelados puedan preparar su defensa.
De acuerdo con la resolución del juez, la Asamblea deberá presentar disculpas públicas, en un plazo de 5 días. Asimismo, debe colocar una placa conmemorativa y un banner que diga: “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.
Hernán Ulloa, presidente del CPCCS, destacó la resolución del juez y acotó que: “El poder de la ciudadanía ha ganado al poder político que ha pretendido ofender a nuestra institución y meter la mano a los concursos”. “Esto será un ejemplo de que ninguna autoridad está por encima del control constitucional”, aseveró. (Cpcycs).