Lasso pide a la Corte Constitucional ‘vigilar’ juicio político en su contra
Quito DM, viernes 14 de abril de 2023. El juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso es un proceso complejo. El trámite tomará más de un mes, en el que se tienen que cumplir varios pasos para llegar hasta al final, que podría ser la destitución en el Pleno de la Asamblea Nacional.
La Constitución y las leyes detallan cada uno de los pasos que quienes impulsen el juicio político deben seguir.
La comisión de Fiscalización de la Asamblea, aprobó la mañana del 14 de abril de 2023, un nuevo paquete de pruebas que se incorporarán al juicio político contra el presidente. En esa ocasión, se trata de las pruebas de oficio solicitadas por “los coidearios de los interpelantes”, dijo Fernando Villavicencio, titular de la mesa. Y añadió que todos esos requerimientos están siendo gestionadas inmediatamente. Pero, además, la Comisión conoció una carta enviada, el 13 de abril, por la defensa del presidente Guillermo Lasso en la que solicitar la práctica de algunas pruebas de descargo.
Esas pruebas incluyen: 30 pruebas documentales de Flopec, Asamblea, Procuraduría, Contraloría, EMCO y Fiscalía. 23 comparecencias, incluyendo a la fiscal Diana Salazar, el Contralor, Carlos Riofrío, y los nueve integrantes de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. Villacencio explicó que se trata de “parte” de las pruebas de descargo del mandatario. Y dijo que estaba “gratamente sorprendido” porque en el listado constan algunas pruebas que ya se había solicitado, pero fueron impugnadas por el legislador correísta, Roberto Cuero.
Villavicencio insiste en que estas pruebas demostrarían que la corrupción alrededor del contrato de Flopec con Amazonas Tankers Pool Company LLC. inició en 2013, durante el gobierno de Rafael Correa.
En una carta dirigida a la Corte Constitucional, el presidente Guillermo Lasso solicita que se inicie formalmente la fase de seguimiento del dictamen, referente al juicio político que se sigue en su contra.
Este juicio se tramita en la Asamblea y al momento recae en la Comisión de Fiscalización. En la misiva, Lasso le recuerda a la Corte su fallo del 29 de marzo, en el que solo se admite el juicio por el presunto delito de peculado, y no por los otros dos delitos que presentó la oposición. Por ello, el Mandatario señala que hay varios asambleístas que promueven el juicio, pero “que han mostrado comportamientos desafiantes respecto al dictamen de la Corte”.
Lasso se refiere a las intenciones de otros legisladores de querer incluir en el proceso otros supuestos delitos, como el endeudamiento externo o temas relacionados con funcionarios del Gobierno.
Para el Presidente, las actuaciones de estos legisladores son ‘graves’ porque amenazan la democracia y por ello pide que la Corte intervenga para hacer cumplir su dictamen inicial.
La vicepresidenta de la comisión de fiscalización Ana Belén Cordero, del oficialismo, dijo que as pruebas presentadas del supuesto peculado, no responsabilizan al presidente Lasso, ya que el contrato se suscribió en el gobierno de Lenín Moreno.
Otro legislador oficialista, Fernando Flores denunció la presencia de funcionarios del Parlamento Andino, que hacen merodean los pasillos del séptimo piso de la legislatura, y que solicitará la verificación de las cámaras, para identificar a esas personas, y que hacen en el Legislativo.