QUIEREN RENOVAR A DEDO LOS CONTRATOS CON ANDES PETROLEUM Y OCP

Por: Henry Llanes Suárez.

Es inaceptable y censurable que se pretenda “renovar a dedo” los contratos
petroleros con ANDES PETROLEUM y con OCP, exponiendo justificativos
infantiles, prácticamente de niños de escuela, aprovechándose de que el país no
conoce la legislación y la contratación petrolera, menos lo de fondo, la economía
y la distribución de la renta petrolera entre el Estado y las contratistas; por eso,
como dice el adagio popular: “en la casa del ciego el tuerto es el rey”. Ya basta
de tanta ignominia.
Andes Petroleum viene explotando los hidrocarburos de la región amazónica
desde hace 15 años aproximadamente, de los campos petroleros: Tarapoa,
campos unificados y del Bloque Sur que está integrado por los bloques 14 y 17,
cuyos contratos vencen el 31 de diciembre del 2025. Del primero, la contratista
explota aproximadamente 28.000 barriles por día (un crudo de excelente calidad
API, el cual entró en producción en el segundo quinquenio de los años setenta)
y de los dos restantes 14.000 barriles por día; total producción, 42.000 barriles
por día.
Respecto del pago de tarifas, en el primer caso, el Estado le paga a la contratista
$35 por explotar un barril de petróleo, y en el segundo, $ 42 por barril. Estas
tarifas rigen desde el origen del contrato, es decir, desde el 2011, cuando a
finales de la primera década del presente siglo, según el criterio de los dirigentes
sindicales de ese entonces, el costo de producción del barril de petróleo de los
campos petroleros: Sacha, Shushufindi, Auca, Libertador y otros no superaba los
$8 y $9 dólares por barril. En síntesis, los costos de producción del barril de
petróleo de Andes Petroleum, superaban dos y tres veces más los costos de
producción de Petroecuador.

LOS PASIVOS AMBIENTALES DE ANDES PETROLEUM

Según los dirigentes de la “Asamblea Ciudadana del cantón Cuyabeno”, durante
el período de explotación hidrocarburífera de los campos petroleros Tarapoa y
Bloque Sur, Andes Petroleum ha causado graves daños ambientales a los
pueblos y comunidades de la región amazónica, como lo ocurrido en 12
comunidades colonas y 7 comunidades indígenas que se mencionan a
continuación:
Comunidad Tarabeaya, de la nacionalidad Siona
Comunidad San Victoriano, de la nacionalidad Siona
Comunidad Puerto Bolívar, de la nacionalidad Siona
Comunidad Platas de Cuyabeno, de la nacionalidad Kichwa
Comunidad Pakuya, de la nacionalidad Cofán
Comunidad Sábalo, de la nacionalidad Cofán.

Comunidad Zancudo, de la nacionalidad Kichwa
Comunidad Waia, de la nacionalidad Siekopai
Comunidades Taykiua y CHARAP, de la nacionalidad Shuar
Se trata de 59 pasivos ambientales que han causado graves daños a los
ecosistemas de las zonas de influencia de Cuyabeno, los mismos que no han
sido remediados por Andes Petroleum, ni tampoco la contratista ha indemnizado
a las personas que han sido afectadas en su salud por la contaminación
ambiental, así como por la destrucción de sus cultivos y muerte de los animales
domésticos (ganado vacuno, porcino, etc.).

RENOVACIÓN A DEDO DE LOS CONTRATOS CON ANDES PETROLEUM
Resulta inconcebible que se quiera renovar el contrato con Andes Petroleum por
15 años más, con el argumento de que el Estado le debe a la contratista $200
millones de dólares, así como, porque la compañía invertirá una cantidad similar
en el nuevo período de vigencia del contrato; es decir, se trata de una inversión
insignificante que surgirá de los mismos yacimientos; como dice el adagio
popular: “del mismo cuero salen las correas”; es decir, no vendrá dinero fresco
del exterior como ha sucedido durante las últimas décadas, al extremo, que las
empresas privadas dependen de la inversión pública para desarrollar sus
actividades hidrocarburíferas, cuando debe ser al revés, sino miremos las cifras
publicadas por la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE),
la misma que está integrada por las empresas petroleras privadas.

“Inversión en exploración y producción petrolera. La inversión pública en materia
de exploración y explotación hidrocarburífera alcanzó su cúspide en 2014,
analizando en un período de 12 años, con un acumulado de $3.786,98 millones
de dólares. Desde entonces, los montos de inversión han ido decreciendo hasta
alcanzar los $1.764 millones de dólares en 2019. Para el año 2020, el Ministerio
de Energía y Recursos Naturales No Renovables aprobó presupuestos en
inversiones programadas con la contribución pública por $1.425,67 millones de
dólares (93.47%) y el aporte privado $99,59 millones de dólares (6,53%), dando
un total de $1.525,26 millones de dólares destinados a las actividades petroleras
de upstream” (AIHE, EL PETRÓLEO EN CIFRAS 2020, MAYO 2021).

ANDES PETROLEUM ACCIONISTA DEL 40% DE OCP
El contrato de construcción y operación del oleoducto de crudos pesados
concluye en septiembre del presente año; pero así mismo, como el caso anterior
se argumenta, que el Estado no tiene plata para construir la nueva variante del
OCP; por lo tanto, que lo construya la contratista, para lo cual se tendrá que
ampliar la vigencia del contrato, sin indicar por qué tiempo.

Con el respeto que se merece la autoridad, pero manifestar esos criterios desde
la función pública, significa poner en evidencia, de que el Estado no está en
capacidad de administrar la industria petrolera, o también puede ser un pretexto
para delegar al sector privado el manejo de esta actividad.

REFORMAS DE LOS CONTRATOS PETROLEROS NO ESTÁN VIGENTES

El 28 de octubre del 2022, mediante SENTENCIA No. 110-21-IN/22 y
acumulados, la Corte Constitucional declaró inconstitucional, por la forma, la
reforma de los contratos petroleros que el gobierno de Lasso impulsó mediante
la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal a través
del covid-19. Es decir, de acuerdo a este antecedente, las reformas a los
contratos para explorar y explotar los hidrocarburos no están vigentes.
Con este antecedente, ¿con qué reforma contractual el Ministerio de Energía y
Minas pretende renovar los contratos con ANDES PETROLEUM, ENAP de Chile
y otras contratistas?, ¿por qué lo quiere hacer con tanta anticipación, cuando
falta dos y tres años para que concluyan dichos contratos?, ¿el objetivo es
neutralizarlo al nuevo gobierno y a los siguientes para que no intervengan en el
manejo de los contratos petroleros?