Corte Constitucional revisa decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La Corte Constitucional instaló este lunes 25 de septiembre de 2023 la audiencia pública en la que decidirá el futuro de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El pleno da seguimiento al dictamen 2-19-IC de la Corte Constitucional, que blinda las actuaciones del CPCCS Transitorio, dirigido por el extinto Julio César Trujillo.
El presidente del actual del CPCCS, Alembert Vera Rivera, defiende el accionar del Organismo, frente a la decisión de un juez del cantón Montecristi, Manabí que dictaminó la creación de una veeduría ciudadana para revisar la designación de jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo Transitorio.
Alembert Vera, respondió que en este Consejo de Participación “no se ha seguido ningún proceso relacionado con la revisión de la designación” de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.
Aseguró que la única actuación realizada por el CPCCS fue la sesión del 29 de junio de 2023, en la que se aprobó un informe elaborado por la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Anticorrupción que trata sobre el supuesto plagio de la fiscal. Sobre la conformación de la veeduría, aseguró que “no se ha violentado o incumplido” el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional que impide a cualquier CPCCS evaluar lo actuado por el organismo que presidió Julio César Trujillo. “No hay ningún intento de destituir a ninguna autoridad”, insistió el presidente del CPCCS. Abogado de Vera dice que los jueces no pueden destituir los consejeros.
El abogado de Alembert Vera, Lyonel Calderón, empezó su intervención advirtiendo a los jueces de la Corte que ellos no pueden destituir a los integrantes del CPCCS, según la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Los dignatarios y autoridades de los países suscritos a este organismo “están vedados de realizar la inhabilitación o destitución de funcionarios electos a través de votación popular”, señaló el abogado.
La fiscal Diana Salazar, pide destitución de tes consejeros por no respetaron el dictamen constitucional, Salazar pidió la destitución y sanción de Alembert Vera, presidente del CPCCS, Sócrates Verduga, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto.
“Esta corte tiene el deber constitucional de destituir a todos quienes incumplieron el dictamen 219”, insistió Salazar en su alegato. Además aseguró que el CPCCS convocó a una audiencia para exponer sobre los documentos usados en el concurso para la designación de Fiscal General del Estado, al que no asistió porque “iba a avalar un incumplimiento”. Y acusó al organismo de dar paso al pedido de un colectivo ciudadano, para analizar la documentación de dicho concurso.
José Luis Arcos, abogado de la Fiscal Diana Salazar, aseguró que por parte de los consejeros hay una “transgresión directa” al dictamen de la Corte Constitucional.
El Dr. Ismael Merizalde, coordinador General de Asesoría Jurídica del CPCCS, sostuvo que la intención de conformar la veeduría para revisar lo actuado por el Transitorio nació de una iniciativa de un colectivo ciudadano.
Detalló que, según los reglamentos, la conformación de la veeduría tiene límites, pero que “el dictamen 219 no expresa ningún límite para la conformación de una veeduría ciudadana en los casos que existe iniciativa de la ciudadanía”, aseguró.
Merizalde añadió que en el reglamento general de veedurías existe una parte previa para su conformación, en la que se establece el objeto de la veeduría.
La audiencia se extendió mas allá de las 14h00, en la que el Presidente de ese Organismo Alí Lozada, dijo que los aludidos tiene 72 horas para presentar por escrito, argumentos, frente a lo actuado.
Luego la Corte, deberá emitir su dictamen, respecto de si destitye o no a los Consejeros de Participación Ciudadana, Vera, Verdura, Bonifaz, saltos y Verdezoto.
Merizalde añadió que en el reglamento general de veedurías existe una parte previa para su conformación, en la que se establece el objeto de la veeduría.
La audiencia se extendió mas allá de las 14h00, en la que el Presidente de ese Organismo Alí Lozada, dijo que los aludidos tiene 72 horas para presentar por escrito, argumentos, frente a lo actuado.