Tribunal Contencioso Electoral aceptó denuncia en contra del alcalde de Quito Pabel Muñoz.
Tribunal Contencioso Electoral admite denuncia del consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, contra Alcalde de la ciudad de Quito Pabel Muñoz, por Proselitismo Político. El Tribunal Contencioso Electoral ha aceptado la denuncia presentada por Guarderas contra Muñoz, por supuestas prácticas de proselitismo político, en la última campaña presidencial y de asambleístas.
La Audiencia Oral de Prueba y Alegatos está programada para el miércoles 27 de diciembre de 2023, a las 10:00, teniendo como escenario el auditorio del Tribunal Contencioso Electoral, en la calle Juan León Mera N2 1-152 y Vicente Ramón Roca de la ciudad de Quito.
Dentro de esta denuncia, se solicita una multa equivalente a 9.000 y la destitución del alcalde, marcando un capítulo crucial en la escena política local.
Este proceso judicial destaca la importancia de la transparencia y ética en el ejercicio de funciones públicas.
Sobre el Consejo Nacional Electoral, CNE.
El consejero Juan Esteban Guarderas, también pide a los miembros del CNE Diana Atamaint y Enrique Pita, presidenta y vicepresidente, respectivamente, que justifiquen su permanencia en sus cargos dentro del Organismo electoral, ya que se encuentran en funciones prorrogadas.
Frente a la prórroga de autoridades en el CNE en sus cargos de consejeros y dignidades de presidente y vicepresidente, el consejero del CPCCS, Juan Esteban Guarderas solicita los justificativos jurídicos que sustentan la permanencia de Diana Atamaint y Enrique Pita en sus cargos de presidenta y vicepresidente del CNE.
No solo es este caso contra el CNE, hay una denuncia por el presunto delito de peculado en la Fiscalía General del Estado, presentada por el Constitucionalista y abogado penalista José Luis Chávez Ponce. Ellos habrían dado paso a que se incluya en las elecciones presidenciales y de asambleístas, la realización de dos consultas populares; la del Chocó Andino, en Quito, y la del Yasuní, esta última a nivel nacional. Según el denunciante el decreto ejecutivo que cesó a la Asamblea por muerte cruzada, solo hablaba de elecciones presidenciales y se asambleístas, mas no de consulta popular.
Esta consulta popular, fue una irresponsabilidad de la Corte Constitucional de dar paso al pedido del grupo ecológico YASUNIDOS, de dejar bajo tierra el petróleo en la reserva ecológica YASUNÍ, sin los respectivos sustentos, y sin escuchar a las partes involucradas, es decir, a los pobladores de las provincias donde se ejecuta la actividad petrolera.