Gobierno y movimiento no logran acuerda para el diálogo en Imbabura.
El Ejecutivo anunció que no continuará con el proceso de diálogo que buscaba poner fin a las manifestaciones, argumentando que no existen «las condiciones”. En respuesta, varias comunidades de la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas, resolvieron mantener la movilización ante el “incumplimiento” de sus demandas, entre ellas la desmilitarización de los territorios comunitarios.
El Ministerio de Gobierno señaló que “el Gobierno no cederá ante imposiciones que rompen la palabra de lo acordado previamente”. John Reimberg, informó a la ciudadanía que no existen condiciones para continuar con el proceso de diálogo «ante las pretensiones de imposiciones» establecidas por ciertos sectores de organismos y movimientos indígenas.
«Estas exigencias alteran los términos previamente acordados, cambian los actores que intervenían en el diálogo y vulneran los compromisos construidos con responsabilidad y buena fe en anteriores encuentros».
Finalmente, el Ejecutivo enfatizó que “no aceptará presiones ni chantajes” y que actuará con firmeza, dentro del marco de la ley, para garantizar los derechos de los ecuatorianos que buscan vivir en paz.
Los cinco pueblos kichwas de la provincia de Imbabura —articulados en la Chijallta FICI, Unorcac y Ficapi— aseguraron que mantendrán su compromiso con el diálogo, pero sin suspender la movilización.
El Movimiento Indígena de Imbabura ratifica su compromiso de mantener abiertos los canales de diálogo con el Gobierno Nacional, sobre la base de los puntos acordados el miércoles 16 de octubre, en conjunto con los representantes gubernamentales, gobiernos locales cantonales de Cotacachi y Otavalo, en presencia de la autoridad eclesiástica del cantón Otavalo.
Sin embargo, este 19 de octubre, en Asamblea de los cinco pueblos, se resolvió mantener la movilización.
Por último, las organizaciones indígenas hicieron un llamado al Ejecutivo a retomar de manera inmediata el diálogo, en el marco del respeto a la democracia, la Constitución y los derechos humanos, para evitar cualquier tipo de enfrentamiento entre el pueblo y la Fuerza Pública.
Son 29 días de paro, y las perdidas en la provincia de Imbabura es de casi 50 millones de dólares. El sector hotelero y florícola son los más afectados.
El desabastecimiento de gas y productos de primera necesidad llega a medias en helicópteros del ejercito.