Análisis de la crisis e inestabilidad política en Perú
El 17 de febrero de 2026 el Congreso peruano destituyó al presidente interino José Jerí después de apenas ~4 meses en el cargo, en medio de un escándalo de reuniones no registradas con empresarios chinos y acusaciones de irregularidades.
Tras esa destitución —que fue aprobada con mayoría parlamentaria— se decidió elegir otro presidente interino desde el propio Congreso hasta que concluya el periodo constitucional el 28 de julio de 2026.
El nuevo presidente interino, José María Balcázar, fue electo por el Congreso y enfrentará el desafío de garantizar elecciones transparentes y la estabilidad institucional.
2) Inestabilidad crónica: cifras y contexto
Desde 2016, Perú ha tenido ocho presidentes o mandatarios interinos, con solo uno completando su mandato constitucional.
Esta renovación constante del liderazgo es un indicador claro de fragilidad institucional que erosionó la confianza pública.
Antes de Jerí, hasta Dina Boluarte fue removida por “incapacidad moral” en medio de una crisis de seguridad y protestas sociales.
3) Factores que explican la inestabilidad
a) Congresos fragmentados y presidencialismo debilitado
El sistema político peruano está caracterizado por un congreso altamente fragmentado con decenas de partidos sin mayorías estables. Esto dificulta la gobernabilidad y facilita mociones de censura o vacancia presidencial a bajos umbrales constitucionales.
Este fenómeno ha sido descrito como una especie de “parlamentarismo de hecho” donde más poder lo tiene el legislativo que el ejecutivo, desincentivando continuidad de políticas públicas.
b) Escándalos, corrupción y pérdida de legitimidad
La percepción de corrupción está profundamente arraigada: encuestas muestran que más del 90 % de los peruanos vincula corrupción con economías ilícitas como minería ilegal, narcotráfico y logging, alimentando desconfianza en las élites políticas.
La mayoría de presidentes recientes han enfrentado investigaciones, acusaciones o controversias que minan su legitimidad.
c) Crisis de seguridad y protestas sociales
La inseguridad ciudadana ha ido en aumento, con incrementos significativos en homicidios y extorsiones en los últimos años, un tema que ha sido un factor de deterioro de la percepción pública sobre la capacidad del Estado de proteger a la población.
Se han registrado protestas recurrentes —incluyendo movilizaciones de jóvenes— exigiendo cambios estructurales y respuestas al aumento de violencia y corrupción.
4) Elecciones de abril-julio 2026: ¿salida institucional?
Las elecciones presidenciales y legislativas están programadas para el 12 de abril de 2026, con posible segunda vuelta en junio y toma de posesión en julio.
Este proceso es visto como la oportunidad más clara para intentar volver a la normalidad política, pero también se da en un clima de desconfianza y fragmentación política que complica pronósticos.
5) Conclusión provisional
La situación política en Perú en 2026 se puede describir como una crisis prolongada de gobernabilidad, con características como:
Altísima rotación de mandatarios y ejecutivos interinos.
Un poder legislativo fragmentado que frecuentemente destituye presidentes.
Percepción pública de corrupción e incapacidad estatal para gobernar con eficacia.
Presión social tanto por inseguridad como por demandas de justicia y reformas profundas.
Impacto económico de la inestabilidad política en Perú.
Perú fue durante dos décadas una de las economías más estables de América Latina. Sin embargo:
Desde 2016, la crisis política recurrente ha generado ciclos de incertidumbre que afectan inversión y consumo.
La inversión privada —motor clave del modelo peruano— ha mostrado episodios de contracción en momentos de mayor tensión institucional.
Sectores estratégicos como minería (cobre), infraestructura y construcción han sufrido paralizaciones por conflictos sociales y falta de decisiones políticas sostenidas.
Aunque Perú mantiene fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos (baja deuda pública en comparación regional y autonomía del banco central), la volatilidad política ha reducido el potencial de crecimiento estructural.
2️. Inversión extranjera y clima de negocios
La inestabilidad presidencial genera percepción de riesgo institucional.
Cambios frecuentes de gabinete y ministros de Economía dificultan continuidad en políticas públicas.
Empresas extranjeras priorizan previsibilidad regulatoria; la amenaza constante de vacancias o crisis reduce confianza.
Perú sigue siendo atractivo por recursos naturales y estabilidad monetaria, pero la gobernabilidad es hoy el principal factor de riesgo político.
Impacto social. Pobreza y desigualdad.
La pandemia elevó la pobreza y la recuperación ha sido desigual.
La crisis política ha limitado la capacidad del Estado para ejecutar políticas sociales de largo plazo.
Regiones andinas y rurales siguen mostrando brechas históricas frente a Lima.
Existe una percepción extendida de que la clase política está desconectada de la ciudadanía, lo que alimenta el voto anti-establishment y la fragmentación electoral.
Inseguridad y crimen organizado
Uno de los factores sociales más sensibles:
Aumento de extorsiones y economías ilegales (minería informal, narcotráfico).
Percepción de debilitamiento del Estado.
Desconfianza en instituciones judiciales y policiales.
La inseguridad se ha convertido en un eje central del debate electoral 2026.
Dimensión institucional: el problema estructural
La raíz del problema no es solo coyuntural, sino institucional:
La figura constitucional de “vacancia por incapacidad moral” ha sido usada reiteradamente como herramienta política.
Congreso altamente fragmentado sin partidos sólidos.
Presidencialismo débil con rasgos cuasi-parlamentarios de facto.
Desde 2016, el país ha tenido múltiples presidentes:
Pedro Pablo Kuczynski
Martín Vizcarra
Manuel Merino
Francisco Sagasti
Pedro Castillo
Dina Boluarte
Este recambio constante erosiona legitimidad y dificulta planificación estratégica.
¿Cómo se refleja esto en la confianza ciudadana?
Bajos niveles de aprobación presidencial casi permanentes.
Congreso con niveles de desaprobación históricamente altos.
Creciente desafección democrática.
No se observa, sin embargo, un colapso económico sistémico. Perú no está en crisis macroeconómica profunda; el problema es de gobernabilidad política crónica.
Escenarios posibles (2026 en adelante)
Recomposición institucional: si las elecciones logran un liderazgo con base parlamentaria mínima.
Continuidad del ciclo de confrontación Ejecutivo–Legislativo.
Reforma constitucional parcial (vacancia, sistema de partidos), aunque políticamente compleja.
En síntesis
La inestabilidad política peruana:
No ha destruido los fundamentos macroeconómicos.
Sí ha reducido crecimiento potencial.
Ha debilitado confianza ciudadana.
Ha agravado percepción de inseguridad y desconexión entre élites y sociedad.
Para un enfoque comparativo desde Ecuador, el caso peruano muestra cómo un sistema institucional con incentivos a la confrontación puede generar rotación constante sin necesariamente colapsar económicamente, pero sí erosionar legitimidad democrática.