Gremios agropecuarios presentan el borrador del Plan Nacional de Seguridad Rural y exigen reformas al COIP para enfrentar el abigeato.
Quito, 29 de julio de 2026.– La Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO) lideró la primera Mesa Intersectorial de Seguridad Rural, un espacio que reunió a gremios agropecuarios de la Sierra, Amazonía y Costa, representantes del Gobierno Nacional, Policía Nacional, Policía Judicial, la Unidad de Investigación Contra el Abigeato (UICA), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y centros agrícolas del país, donde se presentó el borrador del Plan Nacional de Seguridad Rural.
El encuentro respondió a la creciente preocupación del sector frente al abigeato, un delito que ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una manifestación del crimen organizado que afecta directamente el patrimonio de miles de productores, debilita la economía rural, compromete la seguridad alimentaria y exige una respuesta articulada del Estado.
Durante la reunión, los representantes de los gremios agropecuarios ponderaron la necesidad de trabajar de manera conjunta entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), endureciendo las penas mínimas y máximas previstas para el delito de abigeato, eliminando las medidas sustitutivas y otorgándole la prioridad que amerita dentro del sistema judicial, considerando el impacto que tiene sobre la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria del país.
Actualmente, el artículo 199 del COIP tipifica el abigeato como el delito de sustraer, apoderarse, sacrificar, comercializar o movilizar ilegalmente ganado mayor o menor y establece una pena privativa de libertad de uno a tres años, que puede incrementarse de tres a cinco años cuando el delito se comete con fuerza y de cinco a siete años cuando media violencia. No obstante, los gremios consideran que las sanciones vigentes resultan insuficientes frente al nivel de organización que han alcanzado las bandas dedicadas al robo de semovientes.
De acuerdo con información presentada durante la mesa, el abigeato continúa siendo una de las principales amenazas para el sector pecuario. Como referencia, la Fiscalía General del Estado registró 1.456 noticias del delito de abigeato a escala nacional en su último consolidado anual, mientras que los gremios coincidieron en que las pérdidas económicas para el sector son millonarias y afectan especialmente a los pequeños productores, quienes en muchos casos pierden la totalidad de su patrimonio con el robo de uno o dos semovientes.
Para Ricardo Izurieta, presidente (E) de la AGSO, el crecimiento del abigeato y su evolución hacia estructuras criminales organizadas hacen indispensable una respuesta de Estado que trascienda las acciones aisladas y se convierta en una política pública permanente.
«Esta reunión organizada por la AGSO ha tenido la idea de unir a todos los gremios, junto al Estado, la Policía Nacional y la UICA. El abigeato es un delito mayor que afecta directamente a la soberanía alimentaria y a la producción nacional. Exigimos que se modifique el COIP para endurecer las penas y eliminar las medidas sustitutivas», manifestó.
Como parte de la mesa técnica se presentó el borrador del Plan Nacional de Seguridad Rural, estructurado en ocho ejes: reformas legales; medios preventivos; trazabilidad ganadera; fortalecimiento de los controles de comercialización; revisión de la normativa sobre porte de armas para el sector rural; creación de una mesa permanente de coordinación interinstitucional; financiamiento para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional; y gestión de cooperación internacional.
La propuesta, impulsada por la AGSO, parte del reconocimiento de que el abigeato constituye una modalidad de crimen organizado que requiere una estrategia integral de prevención, inteligencia, control y persecución penal. En este contexto, entre los principales planteamientos constan el fortalecimiento de la capacidad operativa y logística de la Policía Nacional y de las unidades especializadas en la lucha contra el abigeato; el incremento de las labores de inteligencia e investigación para desarticular estructuras delictivas; la implementación de controles estratégicos en las principales zonas ganaderas y vías de movilización de semovientes; el fortalecimiento de la plataforma digital de denuncias de la Fiscalía General del Estado; y la creación de protocolos de respuesta inmediata entre productores, Policía Nacional y Fiscalía para atender casos de flagrancia.
Durante el encuentro también se expuso que el abigeato afecta cinco áreas críticas del país: la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria, la permanencia de la población en el campo, la economía rural y la seguridad de productores, trabajadores y comunidades.
«Si a un pequeño productor le roban una o dos vacas, le quitan todo su patrimonio. Nosotros alimentamos al país y necesitamos controles efectivos y sanciones ejemplares», señaló Cristian Ramírez, presidente de la Federación de Producción Agropecuaria Sostenible Kayambi, quien además pidió que este plan se convierta en una política pública permanente.
Por su parte, Ricardo Izurieta advirtió que el impacto del abigeato ya se refleja en la disminución de la producción de leche y carne en el país, debido a que muchos productores optan por reducir o vender sus hatos por temor a ser víctimas de este delito. En ese sentido, reiteró que el Plan Nacional de Seguridad Rural busca construir una respuesta coordinada entre el Estado y el sector productivo para enfrentar una problemática que hoy amenaza la sostenibilidad del campo ecuatoriano.
En la misma línea, el coronel Dorian Balladares, director nacional de Investigación de Policía Judicial, explicó que el abigeato ha evolucionado hacia un modelo de delincuencia organizada. «Ahora vemos que se pierden centenares de semovientes, lo cual afecta gravemente la economía de miles de ganaderos. Ya no hablamos de delincuencia común; existen estructuras organizadas donde unos obtienen información, otros realizan el reconocimiento del sitio, identifican vulnerabilidades y planifican el robo. Estamos enfrentando organizaciones criminales y, por ello, la respuesta del Estado debe ser articulada y contundente», puntualizó.
Como resultado de la mesa intersectorial se acordó mantener reuniones técnicas quincenales para dar seguimiento a la construcción del Plan Nacional de Seguridad Rural. Además, la Policía Judicial anunció que fortalecerá la capacitación de su personal a nivel nacional para mejorar las capacidades de investigación y combate del delito de abigeato.
En la reunión participaron Ricardo Izurieta, presidente (E) de la AGSO; Juan Pablo Grijalva, gerente general de la AGSO; Leopoldo López, subsecretario de Producción Pecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; teniente coronel José Ramos, jefe de la Unidad de Investigación Contra el Abigeato (UICA); coronel Dorian Balladares, director nacional de Investigación de Policía Judicial; Juan José Lasso, presidente del Centro Agrícola de Mejía; Cristian Ramírez, presidente de la Federación de Producción Agropecuaria Sostenible Kayambi; además de representantes de los centros agrícolas de Cayambe, Esmeraldas, Santo Domingo y demás organizaciones agropecuarias de la Sierra y Costa del Ecuador.
