El concurso de Fiscal deja fuera a 21 aspirantes.
Quito, DM. Miércoles 7 de octubre de 2026. Varios de los aspirantes a ocupar el puesto de Fiscal general del Estado, en Ecuador quedaron fuera del concurso, luego de las impugnaciones que se presentaron contra varios de los aspirantes. 21 de 26 candidatos quedaron, por el momento, fuera de concurso para Fiscal General del Estado tras la resolución individual sobre las impugnaciones realizada por la Comisión Ciudadana de Selección que lleva adelante ese proceso, pero bajo el paraguas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Lo resuelto ha generado críticas y ya se anuncian apelaciones, mientras la Comisión Ciudadana justificó su posición. Previamente y durante 15 días hubo audiencias públicas de objeción ciudadana. Esas diligencias se efectuaron entre el 14 de septiembre y el 1 de octubre de 2026.
Se realizaron 38 de las 41 audiencias programadas en contra de 26 candidatos; las tres restantes se archivaron por inasistencia de los impugnantes.
Las partes, impugnante e impugnado, podían concurrir en forma personal y/o por medio de un abogado que los patrocine.
Durante la audiencia, primero intervino quien cuestionaba y después el impugnado para la presentación de la prueba y los alegatos. El tiempo por cada exposición fue máximo de 20 minutos con una réplica de 10 minutos en el mismo orden.
De los 26 candidatos, los mayores cuestionamientos se presentaron en contra de dos postulantes que tienen los mejores puntajes:
Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) quien acumuló 48 sobre 50 puntos.
Inés Romero, jueza provincial que tiene 47,25 sobre 50 puntos.
El otro postulante, Carlos Alarcón, fiscal general encargado, quien tiene el tercer mejor puntaje con 46,5 sobre 50 puntos, recibió solo uno.
Objeciones
De las ocho objeciones que hubo contra Romero se aceptaron tres con su consecuente descalificación. En contra de Camacho hubo seis cuestionamientos, se aceptó una con lo que también fue descalificada.
Quien sigue en carrera es Alarcón, en contra de quien se presentó una impugnación, pero fue archivada. Tras la resolución, el siguiente paso es la notificación individual lo que debe ocurrir entre el 7 y 12 de octubre.
La impugnación de Gary Cedeño fue aceptada por la Comisión de Selección contra la mejor puntuada.
La objeción que se aceptó contra Camacho, y por la que fue descalificada, la presentó Gary Cedeño quien invocó la causal de falta de probidad o idoneidad.
Lo alegó en dos ejes principales:
Cuestionó la probidad e idoneidad basándose en los antecedentes del caso Las Torres. Sostuvo que el haberse excusado de conocer dichos procesos por su relación de amistad con Pablo Celi, excontralor, sería un impedimento judicialmente declarado inhabilitante para su postulación. Eso para Camacho es equivocado y así lo señaló en la respuesta escrita que hizo al impugnante.
Cedeño, además, indicó Camacho, alegó un supuesto riesgo institucional invocando un pretendido estándar reforzado de probidad. Con ello, expresó ella, equipara indebidamente el uso legítimo de la excusa en casos puntuales y concluidos, con una inhabilitación permanente para dirigir la Fiscalía General del Estado, desconociendo el mecanismo de la subrogación legal.
Camacho, en un diálogo con este Diario, se mostró sorprendida por la decisión de la Comisión de Selección y la calificó de injusta. Señaló que aún no ha sido notificada.
El reglamento del concurso, acotó, les da un plazo a los postulantes de tres días hábiles para apelar y es lo que hará. “Es absurda la razón por la que me descalifican”, mencionó.
“Es justamente el testimonio de imparcialidad que tiene una persona cuando dice: no puedo juzgar, no quiero afectar a la víctima, no quiero afectar al procesado, entonces conozca otro juez; para eso sirve la excusa”, dijo a LA HORA.
Defendió su trayectoria en el sector público y precisó que -en sus actuaciones- solo “ha presentado dos excusas” y las hizo para salvaguardar los procesos, lo que demuestra que tiene probidad.
Acotó que cree en los concursos, pues fruto de ellos ganó dos para la Fiscalía e igual número para la Corte Nacional de Justicia.
Una vez planteada la apelación, Camacho espera que los consejeros del Cpccs actúen “objetivamente” y se haga justicia porque, precisó, la causal que la inhabilita para seguir en el concurso no está justificada.
Reacciones y defensa de las resoluciones de la Comisión
Una vez que se conoció de la inicial resolución de la Comisión de Selección de descalificar a candidatos hubo voces que la cuestionaron.
A Guido Egas, coordinador de la Veeduría Ciudadana, grupo que hizo un seguimiento de las audiencias, no fue sorpresa lo resuelto. “Le están dando la vía libre al postulante Alarcón”, opinó.
Mencionó que no es avalada por la veeduría ya que no fueron convocados a las sesiones donde los comisionados decidieron, sin metodología, el informe presentado.
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, sostuvo que el concurso es un “sainete” y que es “un fiasco” el propio Cpccs.
“Todo está direccionado para que el Fiscal electo responda a los objetivos específicos de núcleos políticos”, sostuvo.
A criterio de Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, ocurrió lo que “ya sabían”, es decir, que el “Gobierno designará al actual fiscal, utilizando a sus instrumentos en el Cpccs”.
En contraste, Santiago Arpi, miembro de la Comisión de Selección, justificó lo resuelto por la Comisión Ciudadana. Argumentó que la mayoría de los cuestionamientos que se presentaron adujeron falta de probidad. Acotó que la Corte Constitucional (CC) emitió una sentencia que conceptualiza el ámbito de la probidad y la estructura en los planos jurídico, ético, político-institucional. “En cada uno de los informes que serán notificados a cada uno de los postulantes se ha motivado de manera correcta”, añadió Arpi.
Si bien la Comisión Ciudadana de Selección decide si se descalifica o no al postulante, pasará al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana que tendrá la última palabra, si es que hay una apelación. Esto podría ocurrir entre el 13 y el 15 de octubre.
La resolución del Pleno del Consejo de Participación acerca de las apelaciones será el 28 de octubre.