Situación migratoria de ecuatorianos se debate en España
La Secretaría Nacional del Migrante en España organizó esta mañana un encuentro con su red de aliados para dialogar sobre la política migratoria y las iniciativas de coordinación interinstitucional que garanticen los derechos de salud, vivienda y educación de la población migrante.
La subsecretaria de Promoción de Derechos, Giovanna Tipán, destacó la particularidad de nuestro país en el ámbito de la movilidad humana y explicó que “Ecuador experimenta situaciones de asilo, refugio, inmigración, tránsito y emigración”, de ahí la importancia y razón de ser de la SENAMI.
Añadió que se realizan acciones coordinadas con los diferentes ministerios, actualmente la política migratoria es un tema transversal para el Gobierno del Ecuador.
“Estamos concientes de las necesidades del colectivo de ecuatorianos retornados y sobre la importancia de facilitar la inclusión de las personas migrantes y sus familias. De este trabajo conjunto ya hemos podido plantear programas de retorno como el Plan Tierras, Ecuador Saludable Vuelvo por ti, Plan de retorno de Maestros, entre otros”, dijo Tipán.
Los representantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas también expusieron sus argumentos relacionados con la vulneración de derechos que se está experimentando en España en un contexto de profunda crisis económica. La organización hizo hincapié en la actual criminalización que están sintiendo los movimientos sociales que luchan por la protección de derechos.
El presidente Rafael Correa, durante su conferencia en la Universidad Técnica de Berlín, este martes 16 de abril, destacó las acciones realiza por el Gobierno ecuatoriano frente a la crisis hipotecaria en España que afecta a cerca de 10.000 ecuatorianos migrantes.
El mandatario informó que “alrededor de 1.000 compatriotas ya han sido contactados por nuestro gobierno para asesorarlos legalmente y vemos avances en cortes europeas que dicen que estos desalojos atentan contra los derechos humanos. Tenemos listos 80 casos para emprender acciones judiciales contra los bancos españoles por sus cláusulas abusivas”.