Foandos previsionales pasan primer debate
Afuera de la Asamblea están los maestros afiliados a la Unión Nacional de Educadores y los trabajadores de los Fondos de Cesantía de esa institución. Protestan contra el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), que se analiza, en primer debate, en el pleno de la Función Legislativa.
Nadia Alvarado, una de las 2.000 empleadas de los 64 fondos que existen a escala nacional, dice que el Estado no puede administrar el dinero privado. «No tienen derecho a tocar nuestros bolsillos. El proyecto no tiene fundamentación legal», asegura.
Mientras eso ocurre afuera, el Pleno recibe en comisión general a los representantes de los fondos y del Biess. Mónica Ayala, del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME), demanda archivar el proyecto de ley porque, dice, ha violentado la norma jurídica de la propia Asamblea. «Hay dos proyectos sobre el tema. Es nuestro dinero que sale del esfuerzo y del salario de cada uno, no del Estado», dice entre los aplausos de la oposición.
Pero Betty Carrillo, legisladora del oficialismo y presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, expone las bondades de la propuesta.
Golpea su escritorio con fuerza, gesticula y grita: «¡Mentira! La oposición ha dicho que el Gobierno se quiere apropiar del dinero de los maestros». Mueve los brazos, como una política en campaña electoral, y muestra el informe de la comisión. «El fondo de cesantía es un remedo a la política neoliberal de Pinochet… ahora las cosas han cambiado, no permitiremos que malos administradores se aprovechen de la ingenuidad de la gente», dice.
Sus palabras causan efecto en la oposición, que se mira incrédula, y en la barra alta. Allí están algunos profesores de la UNE y otros de la Red de Maestros por la Revolución, aliada al Gobierno. Los de la UNE se acercan a la mampara de vidrio, que los protege, y muestran carteles en contra de la ley.
Cristina Reyes, la asambleísta de Madera de Guerero, explica la lectura política y económica a ese repentino informe del proyecto no debatido en la comisión. El oficialismo ha descalificado a los maestros, pero «nosotros no defendemos partidos sino principios y libertades». El Gobierno tendrá mayores recursos al manejar todos los fondos de cesantías. «AP tiene miedo al pronunciamiento popular. Ellos tienen mayoría, eso les da un aire de legalidad, pero nunca de legitimidad», sostiene. Las cifras confirman la tesis de Reyes: los 64 fondos tendrían un capital de «1.127 millones de dólares».