La UNE se resiste a desaparecer
Hasta el martes la Unión Nacional de Educadores (UNE) podrá presentar la apelación frente a la resolución de disolución adoptada por la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, adscrita al Ministerio de Educación.
El pasado 21 de julio la organización fue notificada sobre el inicio del proceso administrativo de disolución por incumplir las normativas, sobre todo en lo referente a la elección de la directiva de la entidad y su registro, conforme a su propio estatuto. Sin embargo, el caso de la UNE no es el único, pues otras 8 están en el mismo proceso de regulación de su vida jurídica.
No obstante, el abogado de la organización y exdirigente del desaparecido MPD, Ciro Guzmán, manifestó que la notificación no especificaba en qué faltas había incurrido la organización, por lo que el 9 de agosto pidieron la nulidad del procedimiento. El grupo se basó en el artículo 76, numeral 7, literal l, de la Constitución que determina que las “resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas” sino serán nulas.
En ese sentido -según Guzmán- la Cartera de Estado no contestó su pedido hasta el jueves pasado, cuando horas antes le notificó de su disolución. Por ello, ahora solicitará una aclaración sobre a cuál de los dos documentos debe responder.
Por su lado, el Ministerio de Educación insistió, a través de un comunicado, que “ha solicitado hace más de 2 años que la UNE regularice el registro de su directiva”, pero “la información presentada en diciembre de 2013 y en agosto de 2016 no ha evidenciado de forma suficiente la aplicación de los principios democráticos, contemplados en su propio estatuto”.
En consecuencia, la comisión liquidadora designada tiene 90 días para presentar un informe de activos y pasivos de la UNE.