Nuevos impustros por mejoras
No conformes con la Ley de Plusvalía, los oficialistas quieren establecer un nuevo “impuesto” a los propietarios de bienes inmuebles a través del proyecto de Ley de Contratación Pública, cuyo segundo debate se suspendió ayer en la Asamblea.
Una de las normativas que se reforma con esta propuesta es la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública en la que la Comisión de Gobiernos Autónomos, donde se trabajó el proyecto, incluye una disposición general relacionada con la contribución especial de mejoras. A través de esta reforma, las entidades que conforman la Administración Pública e institucional “también podrán cobrar la contribución especial de mejoras por la ejecución de obras realizadas por estas”.
El asambleísta Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) explica que, con la aplicación de esta disposición, si el Ministerio de Salud, por ejemplo, construye un nuevo hospital en determinada zona, los propietarios de los inmuebles aledaños deberán cancelar un porcentaje por contribución de mejoras, ya que su propiedad se revalorizó.
Por eso, lo cataloga como un nuevo impuesto que irá en beneficio, no de los municipios, como lo es en la Ley de Plusvalía, sino de las entidades gubernamentales. “¿Qué está pasando para que en dos días se aprueben dos nuevos tributos: uno bajo la figura de un impuesto y el de hoy (ayer) bajo la figura de contribución especial de mejoras?”, cuestionó Torres.
A Osvaldo Larriva (ex PAIS) le lleva a sospechar que es un complemento a la Ley de Plusvalía aprobada el martes por el oficialismo, y cuyo primer debate se cumplió en marzo de 2015. “A más de 20 meses viene para el segundo debate. ¿Por qué se esperó hasta que se apruebe la Ley de Plusvalía? Porque es un complemento para el cobro de impuestos tanto por la obra pública como por el traspaso de bienes”, se respondió enseguida.
Según la normativa en discusión, la base del pago de la contribución especial de mejoras será el costo de la obra respectiva, prorrateado entre las propiedades beneficiadas y no podrá exceder del 50% de la revalorización experimentada por el inmueble. Esta contribución se pagará hasta un plazo de 10 años y los recursos recaudados se destinarán a la Cuenta Única del Tesoro y formarán parte del Presupuesto General del Estado. Puesta así la normativa, Torres considera que el ciudadano será el que pague parte de la obra.
Richard Calderón (PAIS), presidente de la Comisión, descartó que se trate de un nuevo impuesto. Reconoció que es un mecanismo de cobro que tienen los municipios y que les permite tener autonomía financiera y recuperar recursos para reinvertir en las zonas que necesitan. “Son mecanismos históricos que los utilizan todos los municipios y que hoy (con la propuesta de Ley) se amplía a nivel del Gobierno Central”, dijo Calderón.
Agregó que los 10 años de plazo para cobrar esa contribución, es la que se aplica a nivel de municipalidades, así como la coactiva como forma de cobro. Y descartó que sea un complemento a la Ley de Plusvalía, de la que dijo solo se aplicará a la ganancia extraordinaria.
20 meses han pasado desde el primer debate. El proyecto fue enviado por el presidente, Rafael Correa, en 2014.(HC )