Leonidas Iza detenido por supuestos actos vandálicos.
La madrugada de hoy, martes 14, a las 02h00, el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE Leonidas Iza, fue detenido por un contingente de militares y policías en el carretera E35 cerca de Pastocalle, sector de LASO provincia de Cotopaxi. El presidente Guillermo Lasso actúa con firmeza y haciendo respetar la ley frente a los actos vandálicos protagonizados en el primer día del paro nacional promovido por los indígenas. Iza se encuentra a la espera de la audiencia en la Unidad de Flagrancia, ubicada en las avenidas Patria y Amazonas, en Quito.
El mandatario, en su mensaje de hoy, a las 01:20, justificó la detención de los autores materiales, intelectuales y ejecutores de los actos violentos: incendio de patrullero, invasión a productores agrícolas, ruptura de parabrisas a vehículos privados de estudiantes, ataque a una instalación de bombeo de petróleo, cortes de agua a las comunidades, cierre y daños graves en las vías estatales.
“Los ecuatorianos no podemos ser víctima de quienes solo quieren provocar el caos, mi obligación como presidente es garantizar a la familia ecuatoriana la libre movilización, su derecho a estudiar, a trabajar y producir”.
Por su lado el vice ministro de gobernabilidad Nomero Castanier, dijo que la detención del presidente de la Conaie, se produjo porque “no podemos violentar la ley”. El Ecuador no puede dar un mensaje de impunidad o que se haga lo que les da la gana», expresó Homero Castanier, viceministro de Gobernabilidad.
Dijo que el Régimen respeta la libertad de expresión, pero no se soportará el caos, la anarquía ni el vandalismo en el país.
«El gobierno está dispuesto al diálogo pero sobre temas que construyan. Si existe una radicalización, se siga violando la ley, tendremos que actuar con lo que manda la ley, tal como se ha actuado la madrugada de hoy», apostilló. Telamazonas
La sedición en el Ecuador es sancionado en el artículo 602.4 del Código Penal, con prisión de 1 a 3 años.
El COIP, art. 346, sanciona con privación de libertad de uno a tres años a la persona “que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo”
En contrastes, la dirigencia indígena hizo un llamado a resistir y radicalizar la medida de hecho.