Con Terán fuera el Consejo Judicatura conforma una nueva mayoría.
Quito DM. Lunes 18 de diciembre de 2023. Con la decisión del juez de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova, de acoger la solicitud de la fiscal general Diana Salazar y dictar prisión preventiva en contra de Wilman Terán, en el pleno de la Judicatura se advertiría la conformación de una nueva mayoría.
El concurso para la designación de los siete jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que organiza el Consejo de la Judicatura (CJ), está llegando a una de las últimas etapas, pero con ciertos inconvenientes.
Hasta hoy, lunes 18 de diciembre de 2023, estaba previsto, según el cronograma, que más de 150 postulantes se sometieran a una prueba práctica.
El Consejo de la Judicatura inició el concurso de méritos y oposición a fines de julio de 2023, y aunque estaba previsto que concluya en febrero de 2024, esta fecha también podría alterarse.
Esta fase debía cumplirse desde el viernes 15 de diciembre, pero se suspendió porque, previamente, se tenía que conformar un tribunal de calificación y recalificación de las pruebas que tenían que rendir los aspirantes a jueces.
Reforma al cronograma
La tardanza en tomar la decisión de conformar el tribunal de calificación llevó a las autoridades de la Judicatura a señalar que en caso “de no contar con los tribunales de calificación de la prueba práctica, la Dirección Nacional de Talento Humano se encontraría ante la situación de proponer una reforma al cronograma general del concurso, afectando las fechas de finalización del mismo”.
La Dirección General afirma que proporcionó al pleno un informe técnico detallado sobre el mencionado concurso, con el objetivo de que este, en uso de sus atribuciones, tome la decisión correspondiente en relación con la continuación, suspensión o nulidad del proceso, basándose en la normativa vigente.
“La decisión de declararlo total o parcialmente nulo se debe tomar en el pleno porque no podemos seguir con un concurso que ha perdido confianza y confiabilidad”, afirmó Murillo, quien hizo un llamado a trabajar en unidad por la institución y basados en la ley.
“En el concurso hay que proteger a los postulantes, dándoles la oportunidad que sean designados en un proceso transparente, objetivo, limpio”, señaló.
Yolanda Yupangui, en el mismo tono, consideró que podría ocurrir que el concurso quede desierto, en base al artículo 53 que le faculta al pleno, en caso de existir situaciones insubsanables, pronunciarse por suspender, dar de baja o corregirlo.
La Ley dice que “si en las diferentes fases del proceso de los concursos se advirtiese alguna anomalía importante, que lo afecte de nulidad insanable, se rehará el procedimiento, total o parcialmente, por resolución de quien dirige el respectivo concurso”.
El reglamento del proceso contempla, dentro de las fases del concurso, prueba de méritos, escrita, práctica y de impugnación ciudadana.