Fiscalía mantiene activas dos investigaciones paralelas sobre asesinato de cuatro menores en Guayaquil
La Fiscalía General del Estado mantiene activas dos investigaciones relacionadas con la desaparición y el posterior asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas, de Guayaquil, tras un operativo militar en el sur de la ciudad el 8 de diciembre de 2024.
La primera se centra en el caso de desaparición forzada, en la cual se formularon cargos el 31 de diciembre y un juez ordenó prisión preventiva contra los 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) involucrados, con lo que se abrió un periodo de 90 días de instrucción fiscal.
La segunda, a cargo de otra unidad de tipo penal de la Fiscalía Provincial del Guayas, indaga un posible delito de secuestro con resultado de muerte.
Según la fuente, la reformulación de cargos en el juicio por desaparición forzada no procede hasta que se acredite que los procesados participaron directamente en el asesinato de los menores. Y como ello no ha ocurrido, se mantienen abiertas las dos investigaciones.
El caso ha generado conmoción por las implicaciones sobre un presunto abuso de fuerza estatal y por una serie de irregularidades en el traslado de los menores por parte de elementos de las FF AA hasta la parroquia rural de Taura (Naranjal, Guayas), donde se hallaron dos semanas después los cuerpos incinerados.
Una fuente reservada de la Fiscalía le explicó que actualmente se desarrollan dos investigaciones en paralelo.
Los menores Ismael y Josué Arroyo Bustos, de 15 y 14 años; Steven Gerald Medina Lajones, de 11 años; y Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero, de 15, fueron hallados sin vida el 24 de diciembre en una zona agreste y remota de Taura, tras haber sido reportados como desaparecidos.
Pero con los elementos recabados hasta ahora el fiscal del caso aún no puede señalar una presunta participación de los 16 militares en la muerte directa de los menores, como para sostener un caso de ejecución extrajudicial y pedir la reformulación de cargos.
Como a la Unidad de Uso de la Fuerza no le corresponde investigar homicidios perpetrados por delincuencia común u organizada, sino estrictamente el accionar de la Fuerza Pública, por ahora solo sigue el caso de la privación de libertad ilegal.
En las investigaciones no aparece información respecto del testigo que habría auxiliado a los menores, luego de que los militares los habrían liberado. Se dice que los encontraron desnudos y son síntomas de tortura. El testigo, un ciudadano cuyo nombre se desconoce, habría prestado su teléfono celular para contactar al padre de uno de los menores, quien solicitaba que los vayan a recoger en Taura, pero de ahí no se sabe nada más.
Otra versión, es que los menores habrían sido raptados por una banda criminal que opera en la zona, quienes los confundieron con una pandilla contraria y que luego los llevaros en canoa por el rio y posteriormente los asesinaros y quemaros sus cuerpos.
Cabe destacar que, por tratarse de menores de edad, los militares que los habrían capturado por supuesto robo, tenían la obligación de entregar a los menores a la DINAPEN, policía especializada en menores infractores, y no llevarlos fuera de la ciudad y luego abandonarlos. Error garrafal de los militares que ahora enfrentan un proceso penal y de comprobarse su culpabilidad, la Institución Militar tendrá que actuar conforme a derecho y ejercer la disciplina en este caso. Y posteriormente limpiar el nombre de FF AA, que está siendo cuestionada por la actuación de malos elementos.