Ecuador el País de la muerte.
Quito 2 de enero de 2026.La Crisis de Inseguridad en Ecuador Bajo el Gobierno de Daniel Noboa
Daniel Noboa asumió la presidencia en noviembre de 2023, en medio de una ola sin precedentes de violencia vinculada al crimen organizado, en un país que hasta hace poco años era considerado uno de los más seguros de Sudamérica. Desde entonces, la situación ha sido de altibajos, con cifras alarmantes que reflejan la gravedad del problema.
En 2023, el año en que Noboa tomó posesión, se registraron 8.008 muertes violentas, el doble que en 2022 y cuatro veces la cifra de 2021, con una tasa de homicidios de más de 47 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. Ante esta situación, el presidente declaró un «conflicto interno» en enero de 2024 y decretó estados de excepción en varias provincias, además de anunciar un referéndum para implementar medidas de seguridad más estrictas, como el despliegue militar y la prórroga de condenas para delitos graves.
Los esfuerzos iniciales tuvieron un impacto positivo: en 2024 se registraron 6.964 muertes violentas, una disminución del 16,5% respecto a 2023, con una tasa de 38,76 por cada 100.000 habitantes. Los homicidios diarios cayeron de 40 a 12, lo que representó una reducción del 60%. Sin embargo, otros delitos como la extorsión y el secuestro aumentaron: en 2024 los casos de extorsión se duplicaron hasta llegar a 1.518, y los secuestros también tuvieron un incremento significativo.
El alivio fue temporal. En el primer trimestre de 2025, las muertes violentas superaron las 2.300, un aumento del 65% respecto al mismo período de 2024. Enero de 2025 fue el mes más violento de la historia del país, con 781 muertes violentas, y en marzo se igualó el récord histórico de homicidios en un mes con 831 casos. Actualmente, Ecuador es considerado la capital del homicidio de América Latina, con más de 150 de sus 222 municipios afectados por la presencia de bandas criminales, que cuentan con entre 15.000 y 60.000 miembros, según estimaciones.
La crisis se debe principalmente al narcotráfico, ya que Ecuador es el tercer país del mundo en incautaciones de drogas, según la ONU. Las bandas criminales locales, como ‘Los Choneros’, ‘Los Lobos’ y ‘Los Tiguerones’, han aliado con carteles internacionales de México, Colombia y Albania para controlar las rutas de tráfico, además de diversificarse en actividades como la minería ilegal, la trata de personas y el sicariato. Las prisiones se han convertido en bases de operaciones para estos grupos, y la debilidad institucional acumulada en los últimos años ha facilitado su crecimiento.
Aunque el gobierno ha reportado logros como la detención de 13.858 personas y la incautación de 2.019 armas de fuego en 2025, las organizaciones de derechos humanos alertan sobre posibles violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, como ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, lo que podría fortalecer el reclutamiento por parte de las bandas criminales.
Las medidas contra la corrupción en las instituciones de seguridad durante el gobierno de Daniel Noboa:
Plan nacional contra la corrupción
En diciembre de 2024, Noboa recibió el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción 2024-2028, desarrollado con participación de la sociedad civil, academia y apoyo técnico alemán. El plan busca abordar la corrupción que ha debilitado instituciones y erosionado la confianza pública. En 2023, Ecuador ocupó el puesto 115 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
Ley de Integridad Pública
Entrada en vigor el 26 de junio de 2025, esta ley transforma la contratación estatal, simplificando procesos y aumentando la transparencia. Aunque no se enfoca exclusivamente en las fuerzas de seguridad, establece normas que también afectan a estas instituciones, como la certificación y capacitación de funcionarios involucrados en procesos de contratación, el uso de inteligencia artificial y datos abiertos para asegurar la trazabilidad, y la preferencia a proveedores que denuncien corrupción documentada.
Reestructuración institucional
En enero de 2024, Noboa eliminó la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado creada por su predecesor, transfiriendo sus funciones a los ministerios del Interior y de Defensa. El objetivo fue optimizar la coordinación en materia de seguridad y reducir la burocracia que podría facilitar prácticas corruptas.
Ley de Solidaridad Nacional
Entrada en vigor el 10 de junio de 2025, busca fortalecer las fuerzas de seguridad y combatir el financiamiento del crimen organizado. Sin embargo, incluye disposiciones que generan preocupaciones sobre impunidad, como la posibilidad de indultar a miembros de las fuerzas de seguridad procesados por actos cometidos durante el «conflicto armado interno» y eximirles de medidas como la detención preventiva, lo que podría dificultar el control de abusos y corrupción.
Apoyo internacional
El programa SINCERO II, con apoyo de Alemania (2023-2026), trabaja en mejorar la gobernanza, la calidad de los servicios públicos y promover herramientas de integridad y transparencia en todo el país, incluyendo las instituciones de seguridad. Además, en julio de 2025, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un apoyo técnico de 550.000 dólares para fortalecer las agencias de seguridad y justicia en la lucha contra el crimen organizado, lo que incluye medidas para mejorar la eficiencia y la transparencia.
Ni bien empieza el 2926 y ya se registran casi 20 muertes violentas. Y los que deben combatir la delincuencia, es decir, policía y FA. Son cómplices porque son partes de las bandas, por eso es que la inteligencia no funciona. Ne necesita una limpieza del la criminalidad, caso contrario, esto no para. El narcoestado, tomado por las mafias no parará.