Concurso Fiscalía General se acerca a la etapa de impugnación
La fase de escrutinio público e impugnación ciudadana tiene como finalidad permitir a la ciudadanía y a las organizaciones sociales que presenten sus objeciones respecto de los postulantes, y que estas sean resueltas de forma motivada y objetiva”, señala el artículo 43 del reglamento para elegir a la nueva autoridad.
Los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar impugnaciones en contra de los postulantes dentro de los cinco días contados desde la publicación de la convocatoria que realice el Cpccs. El reglamento no admite impugnaciones entre postulantes en este concurso.
La normativa también dispone que el Pleno del Cpccs, dentro de los tres días hábiles contados a partir del día en que finalice la fase de méritos y recalificación (lo cual ocurriría en las próximas horas), aprobará la convocatoria a escrutinio público. Esta irá acompañada de la lista de los postulantes que superaron la etapa de méritos.
Causales de impugnación a los candidatos a fiscal, según el reglamento
Cuando se considere que los postulantes incurran en una o más de las siguientes causales:
Falta de cumplimiento de requisitos legales.
Falta de probidad o idoneidad.
Estar incursos en alguna de las prohibiciones e inhabilidades.
Haber omitido información relevante para postular al cargo.
Haber falsificado o alterado documentos para postular al cargo.
Requisitos de presentación de las impugnaciones
Las impugnaciones deberán presentarse por escrito y deberán contener lo siguiente:
Nombres y apellidos de la persona natural o representante legal de la organización que presenta la impugnación.
Copia del documento de identidad de la persona natural o nombramiento del representante legal de la organización que presenta la impugnación.
Nombres y apellidos del postulante contra quien se dirige la impugnación.
Descripción clara de la impugnación y fundamentos de hecho y de derecho que determine que el postulante se encuentra inmerso en las causales de impugnación.
Documentos probatorios en originales o copias debidamente certificadas.
Dirección electrónica para recibir notificaciones, fecha, y firma de responsabilidad.
Hugo Artega, excoordinador de la veeduría dice que el proceso debe ser transparente
Hugo Arteaga, excoordinador nacional de la veeduría ciudadana para el concurso a Fiscal, calificó a la fase de objeciones como “la etapa crucial” del proceso. “Es una etapa donde se dilucidará quiénes serán los finalistas”, explicó. Los candidatos que superen esta etapa tendrán vía libre para ingresar a la fase de oposición (rendir las pruebas oral y escrita).
Comentó que las solicitudes de impugnación deben estar estrictamente apegadas a derecho. Asimismo, enfatizó que el proceso debe ser público y transparente, permitiendo conocer con claridad la situación de cada postulante y la identidad de quienes presentan los cuestionamientos.
Candidatos empezaron a ser notificados con la resolución de la recalificación del puntaje de méritos
Hasta cerca de las 20:00 del 1 de junio de 2026, los candidatos a Fiscal empezaron a ser notificados con la resolución de la Comisión Ciudadana de Selección sobre los pedidos de recalificación a los puntajes obtenidos en la fase de méritos.
Por ejemplo, el abogado Walter Macías, exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) uno de los aspirantes al cargo, publicó este 1 de junio en su red social X a las 19:29: “La Comisión Ciudadana del Cpccs para el proceso de Selección para la primera autoridad de la Fiscalía acaba de notificarnos la recalificación de la nota de méritos subiendo de 45 a 46 sobre 50 puntos posibles”, escribió.
El abogado Mauricio Aguirre López, quien obtuvo un puntaje de 36,5/50 en méritos y solicitó la recalificación, también confirmó que fue notificado, pero que la Comisión le negó su solicitud de recalificación.
Mauricio Aguirre reclamaba a la Comisión que se le tome en cuenta 8,50 puntos que no fueron calificados: “Mi pedido estaba motivado, me parece injusto que no se haya tomado en cuenta 8,50 puntos: 6 puntos por experiencia específica en 8 audiencias, 1 punto por dos años de ejercicio profesional en la Universidad Central del Ecuador, 0,50 por una condecoración y 2 seminarios de especialización tampoco tomaron en cuenta”, explicó.
Se han generado muchas críticas al proceso desde sus inicios, aunque varias organizaciones se pronunciaron respecto de cómo se debería proceder con el concurso. Veedurías ciudadanas, colegios de abogados, entre otros se pronunciaron en su momento. Postulante que no fueron inadmitidos, también han presentado sus quejas, incluso, han llegado a proponer la suspensión del concurso con acciones de protección.
Cada uno de los nueve integrantes de la Comisión recibió un grupo de solicitudes para su análisis individual. Muchas de esos folios estuvieron acompañados de documentos adicionales, certificaciones o justificaciones que, en varios casos, no deberían ser considerados dentro de esta fase.
Durante la revisión, salieron a la luz argumentos dispares y, en ciertos casos, inconsistentes. Por ejemplo, uno de los postulantes aseguró no mantener deudas por pensiones alimenticias, pese a que en el sistema SUPA registra obligaciones pendientes que superan los USD 20.000. En otro caso, un aspirante presentó una declaración patrimonial correspondiente a un proceso anterior —relacionado con una terna para el Consejo de la Judicatura—, pero no vinculada al concurso actual.
También se identificaron intentos de incorporar documentación que no se presentó en la etapa inicial, a pesar de que la normativa es clara al señalar que la reconsideración no permite subsanar omisiones ni añadir nuevos elementos, sino únicamente revisar lo ya entregado.
Frente a este escenario, la presidenta de la Comisión, Cynthia Jacho, junto con otros comisionados, expresó su preocupación por la confusión entre figuras jurídicas distintas. Según señalaron, varios postulantes trataron la reconsideración como si se tratara de una impugnación o un proceso de subsanación, lo que desnaturaliza el procedimiento.