Seguro beneficiaría a 58 mil desempleados
En la sesión en la que se aprobó el proyecto de iniciativa gubernamental, se introdujeron los cambios contemplados en los últimos días, entre los que destacan, la eliminación de requisitos para que las empresas puedan aplicar la jornada reducida -de 40 a 30 horas semanales. Anteriormente se había planteado que las compañías registren, al menos, 30% de pérdidas y una reducción del 25% de los sueldos de los altos mandos. Esto fue reemplazado por un Plan de Austeridad, que deberá ser presentado al Ministerio de Trabajo. Ya no se establecen porcentajes específicos de disminución de ingresos. Según el texto aprobado, el plan de austeridad podrá incluir que los ingresos de los administradores de la empresa se reduzcan. La medida se aplicará por 6 meses, renovables por una sola vez, únicamente en casos ‘excepcionales’, en situación de crisis, previo acuerdo entre el empleador y el trabajador.
El legislador de PAIS, Fausto Cayambe, explicó que se decidió eliminar los porcentajes en razón de que el reajuste salarial deberá responder a la realidad de cada empresa. Para los despidos que se produzcan durante la reducción de la jornada, las indemnizaciones y bonificaciones se calcularán sobre la última remuneración percibida por el trabajador antes de aplicar la disminución de tiempo de trabajo. A raíz del debate se aceptó la propuesta del legislador Ángel Rivero (PAIS), quien sugirió que el Seguro de Desempleo dé cobertura a las personas desempleadas a partir de enero de este año, hasta antes de la vigencia de la ley. Los fondos necesarios serán garantizados por el Estado.
El planteamiento, incluido en la normativa como una disposición transitoria, indica que el Estado cubrirá el componente fijo del Seguro de Desempleo equivalente al 1%, con lo cual el trabajador podrá recibir un monto correspondiente al 70% del salario básico unificado ($ 256). La disposición beneficiará a las personas separadas de sus trabajos por despido intempestivo. No aplica para quienes hayan renunciado voluntariamente, ni para los jubilados. Marllely Vásconez, presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, señaló, sin precisar detalles, que el dinero para cumplir con este tema saldrá del Presupuesto General del Estado (PGE).
Cayambe, sostuvo que los fondos se obtendrían del rubro de Inversión del PGE, que ascenderían a $ 40 millones, aproximadamente. Serían alrededor de 58.000 trabajadores desempleados -incluso aquellos que perdieron su trabajo a partir de enero-, los que se podrían acoger a la condición de retroactividad del Seguro. Desde la oposición, legisladores como Moisés Tacle (MG-PSC) y Ramiro Aguilar (independiente) descalificaron el cuerpo legal. Para ellos, no contribuirá a mejorar la situación laboral del país.
A pedido de Fausto Cayambe, se incorporó que los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sean trasladados al Banco del IESS (Biess), para que generen rentabilidad a través de inversiones. De acuerdo a la ley, “los rendimientos de las inversiones deberán ser capitalizados en cada uno de los fondos a los que pertenecen los recursos”.
El Fondo de Cesantía se mantiene para que el trabajador desempleado pueda acceder a sus recursos acumulados, en caso de no acogerse al Seguro de Desempleo. La normativa ahora será remitida al Ejecutivo para su conocimiento y observación. (I)