Concluye plazo para aspirantes a concesionar frecuencias de radio y televisión
Quito, 30 de junio de 2016. Según Ana Proaño, directora de la Arcotel, hasta ayer se recibieron 101 propuestas, que aspiran a una de las 1.472 frecuencias. Hoy vence el plazo que tiene la ciudadanía para presentar los planes.
En 2013, la Ley de Comunicación se aprobó con los votos favorables de Tibán y del asambleísta César Umajinga. En ese momento, Humberto Cholango, quien actuaba como presidente de la Conaie, pidió a los legisladores de su bancada que respalden la norma. Dijo que beneficia a las comunidades indígenas ecuatorianas, sobre todo con la creación de medios comunitarios y en la redistribución del espectro radioeléctrico.
El artículo 106 de la Ley de Comunicación ordena la distribución equitativa de frecuencias: 33% para medios públicos, 33% para privados y 34% para comunitarios. En 2013, Tibán manifestó que su “lucha será porque el 34% del espectro de ondas radioeléctricas vaya a las comunidades indígenas”. Tres años después su discurso cambia y cree que la subasta “debe parar”. Argumenta que no es el momento adecuado debido al proceso electoral de 2017, pero se contradice. “No estoy en contra. Tenemos entre 30 y 40 cimientos agrupados, ojalá estén participando, por derecho constitucional”. Herrera, en cambio, mira al proceso como una “oportunidad”.
Hasta ahora, los interesados pueden presentar sus proyectos técnicos y comunicacionales en la Arcotel. Solamente, hasta el 15 de julio podrán concursar los habitantes de Manabí y Esmeraldas. Para radio se asignarán 846 frecuencias moduladas (FM), 148 para Amplitud Modulada (AM) y 478 para televisión. Según Ana Proaño, directora de la Arcotel, hasta ayer se entregaron a nivel nacional 101 propuestas, pero “están aumentando, esperamos que hoy sea la gran avalancha” Calvopiña pidió a la Arcotel apoyar a quienes postulan por medios comunitarios. Para ella, una de las dificultades del concurso es que se lo consideró en las mismas condiciones que los medios privados, lo que lo vuelve desigual.
El concurso de asignación de frecuencias se realiza en dos etapas. Por un lado, la Arcotel revisará los planes financieros de sostenibilidad, gestión y técnica. Luego de este primer paso, los 5 mejores puntuados por cada frecuencia pasan al Cordicom para un informe vinculante, en donde se evalúa el Plan Comunicacional, que debe ser participativo. Finalmente, con esa información, la Arcotel emite el título habilitante. Las autoridades de control de las Telecomunicaciones aspiran a que el proceso de asignación de frecuencias concluya a finales de este año. Esperan que el cumplimiento de la repartición equitativa de frecuencias (33% privados, 33% públicos y 34% comunitarios) llegue a ser paulatino. Desde abril, cuando se lanzó el concurso, tanto la Arcotel como el Cordicom realizaron talleres a nivel nacional, en donde participaron más de 3.000 personas.
El 12 de abril de 2016, inició el Concurso Público para la Adjudicación de Frecuencias de Radiodifusión y de Televisión de señal abierta. La convocatoria oficial la efectuaron, en rueda de prensa, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ing. Augusto Espín; la Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Ing. Ana Proaño; y, el Presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Magíster Patricio Zambrano.
Este concurso constituye un hito histórico, porque es un proceso transparente que pretende dar voz a todos los ciudadanos al facilitar la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación privados y comunitarios. La comunicación y la información son un derecho constitucional que, desde junio de 2013, se estableció con la Ley Orgánica de Comunicación, en su artículo 106, que dispone la distribución de los medios públicos, privados y comunitarios en un 33%, 33% y 34%, respectivamente. A su vez, el Artículo 105 determina al espectro radioeléctrico como un bien de dominio público, inalienable, imprescriptible e inembargable cuya democratización para uso y aprovechamiento está a cargo del Estado.(I)