Ley para el cierre de la crisis bancaria fue enviado al ejecutivo
La Asamblea Nacional envió al Ejecutivo el proyecto de Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, para la respectiva sanción u objeción.
La iniciativa busca viabilizar un mecanismo para el pago de deudores y acreedores no vinculados, perjudicados por la banca cerrada, con lo cual se pondrá fin a un capítulo nefasto de la historia del Ecuador, que nació con el feriado bancario.
Ximena Ponce León, asambleísta por Pichincha, al referirse a los deudores no vinculados (2 825, aproximadamente), aseguró que en el cuerpo legal se establecen tres formas de recálculo, dependiendo del monto de la deuda.
Así, los deudores hasta un mil dólares acceden al recálculo sin ninguna restricción; si la deuda va hasta dos millones de dólares, se podrán acoger al beneficio del recálculo, siempre que hayan realizado abonos a la deuda; en caso de que no hubieren hecho abonos, deberán abonar al menos el 10% del valor del capital inicial de su deuda en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia de la Ley.
Mientras, los deudores cuyo capital inicial de operación supera los dos millones de dólares, se podrán acoger al beneficio del recálculo, siempre que hayan realizado abonos de, al menos, el 50% del valor del referido capital; si no se registran abonos a la deuda, deberán cubrir, al menos, el 35% del valor del capital de su deuda, en un plazo máximo de ciento ochenta (180).
Resaltó que la normativa medidas para el seguimiento y sanción a quienes provocaron la crisis bancaria. Por ello, se determina que la Fiscalía, la Contraloría y demás entidades involucradas investigarán y establecerán responsabilidades, e impulsarán los procesos que se sigan, según su competencia, en contra de los exadministradores, directores, gerentes, administradores temporales de la banca cerrada, liquidadores, auditores externos, peritos tasadores, empleados y, en general, contra cualquier persona de tales instituciones que hubieren sido responsables de su liquidación, extinción y que hayan incurrido en acciones u omisiones, o situaciones que contravengan el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
La parlamentaria, subrayó que, una vez el Ejecutivo remita el proyecto de crédito monetario financiero, se establecerán reglas claras y justas para todos los ecuatorianos, es decir, no solo para el sistema financiero, sino para que la gente esté cubierta por ciertas seguridades.(asamblea nacional-Ecuadoraldia.com.ec)