Reconocimiento de firma por presunto delito de peculado contra la presidenta del CNE será el próximo jueves
Quito, 8 de septiembre de 2023. Tras la insistencia del Dr. José Luís Chávez Ponce, ante la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, para que de trámite a su denuncia, finalmente se fijó para el próximo 14 del mes en curso, a las 8h45, para el reconocimiento de firma y rubrica y posteriormente la sustanciación respecto de la denuncia contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Atamaint, por el presunto delito de peculado.
Chávez, denunció a la titular del CNE, por el supuesto cometimiento de un delito al permitir que casi medio centenar de los legisladores que fueron cesados por la “muerte cruzada”, se postulen como asambleístas a nivel nacional, ya que al haber sido cesados, no podían volver a candidatizarse.
Además el Decreto Ejecutivo 741 emitido por el Presidente de la República Guillermo Lasso Mendoza, el 17 de mayo de 2023 ordena al CNE convocar a elecciones anticipadas en el plazo de 7 días de conformidad al inciso tercero, artículo 148 de la Constitución de la República, para elegir Presidente y vicepresidente de la república, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, para terminar el período actual, es decir 2021-2025.
Otro de los delitos en el que habría incurrido Atamaint, es haber incluido en dichos comisión del 20 de agosto pasado, es la incorporación de dos consultas populares, la una a nivel del Distrito metropolitano de Quito, referente al CHCÓ ANDINO, y sobre el YASUNÍ, esta última, a nivel de País. Lo cual no contempla el decreto Ejecutivo 741. Es más Chávez, considera que el pueblo fue engañado en dicho referendo, por cuando no hubo socialización del tema, por considerarlo delicado, y que ahora el gobierno, no sabe si acoger o no la voluntad popular, respecto de suspender las operaciones de explotación petrolera en el bloque 43 del ITT.
Por otro lado, repetir nuevamente las elecciones en el exterior, es otro delito en el que está incurriendo el Pleno del CNE, al haber aprobado que se vuelva a elegir asambleístas en la segunda vuelta presidencial, cuando le norma determina, que un proceso eleccionario, de ser el caso, se lo debe realizar en el plazo de 10 días. Este uso indiscriminado de recursos públicos, contempla sanción, dice el abogado constitucionalista.
La audiencia se realizará en la Unidad #5 de Fuero de Corte de la Fiscalía General del Estado, en la Juan León Mera y Av. Patria.