Listo informe para segundo debate de ley de economías criminales
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó este 5 de junio de 2025 el informe para segundo debate de la Ley urgente en materia económica para combatir las economías criminales, rebautizada como ‘ley de solidaridad nacional’.
Los votos salieron de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), pero también de los integrantes de la Revolución Ciudadana: David Arias, Mabel Méndez y Diego Salas.
Los legisladores correístas reconocieron que un gran número de las recomendaciones de esa agrupación política fueron tomadas en cuenta y que el resto tendrá que ser debatido por el Pleno.
El legislador Sergio Peña, que votó a favor del informe para primer debate, lo que le costó la expulsión de Revolución Ciudadana, volvió a apoyar el documento que fue aprobado de forma unánime, lo que generó la algarabía del equipo de trabajo de la Comisión.
A la mesa legislativa le tomó este jueves algo más de cuatro horas procesar e incluir las recomendaciones que se hicieron en el Pleno en el primer debate, y los aportes que surgieron de última hora en la sesión.
Gran parte de la propuesta que fue enviada por el presidente Daniel Noboa el 19 de mayo fue modificada por la Comisión de Desarrollo Económico. La Ley cuenta con nueve capítulos.
Previo a la votación, Valentina Centeno, presidenta de esa mesa legislativa, explicó los cambios más recientes que se hizo a la propuesta:
Un capítulo en torno a las medidas de protección y reparación integral para las personas en situación de vulnerabilidad en zonas afectadas por el crimen. Los ministerios del gabinete social deberán desarrollar programas preferenciales para las personas en esta situación.
Sanciones más rígidas para delitos relacionados con el tráfico de combustibles y todo tipo de hidrocarburos.
Se propone un indulto diferido; es decir, que el presidente pueda anunciar el indulto a policías y militares por sus acciones dentro del conflicto interno, pero se siga todo el proceso y se haga efectivo cuando haya una sentencia.
Se plantean medidas para la depuración de la fuerza pública (Policía Nacional y Fuerzas Armadas) con evaluaciones disciplinarias y patrimoniales periódicas, cada seis meses.
Centeno explicó que en el caso del tráfico de combustible la pena será de 22 a 25 años de cárcel. Pero si se determina que esos recursos fueron usados para financiar o favorecer a bandas criminales organizadas la pena será de hasta 30 años.
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Una vez que el informe fue aprobado, será remitido al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, para que distribuya el documento al resto de legisladores.