La Fiscalía ejecutó allanamientos por presunto peculado en proyectos eléctricos
Guayaquil, lunes 28 de julio de 2025. La madrugada de este lunes 28 de julio, la Fiscalía General del Estado lideró una serie de allanamientos en el marco de una investigación por presunto peculado relacionado con contratos de proyectos de generación eléctrica, bajo el denominado ‘Caso Apagón’
Los operativos, ejecutados en coordinación con la Policía Nacional, se desarrollaron de forma simultánea en las provincias de Pichincha, Guayas y Bolívar.
Según informó la Fiscalía, se intervinieron 12 inmuebles, entre domicilios particulares, oficinas y centrales termoeléctricas vinculadas a los sospechosos.
Durante los allanamientos, los agentes recabaron varios indicios, entre ellos computadoras, documentos, celulares y dispositivos de almacenamiento, que servirán como parte de la investigación en curso.
Perjuicios en contratos
La semana pasada, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, había informado a la ciudadanía que la Fiscalía abrió una investigación previa relacionada con los procesos de contratación ejecutados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC-EP) durante la emergencia energética, en el segundo semestre de 2023.
Luque, quien entonces fue designado como delegado presidencial ante los directorios de CELEC y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), anunció además que dará su versión de los hechos para contribuir al «esclarecimiento de mi corta gestión».
Esta causa también se relacionaría con hallazgos de la Contraloría General del Estado, que identificó indicios de responsabilidad penal en contratos firmados por CELEC con las empresas Progen Industries LLC y Austral Technical Management (ATM).
Esos acuerdos fueron adjudicados bajo un plan de emergencia para enfrentar la crisis energética, con el objetivo de instalar tres centrales térmicas en Salitral, Quevedo y Esmeraldas. El proyecto contemplaba una capacidad total de generación de 241 megavatios y un costo cercano a los 240 millones de dólares.
No obstante, estos contratos han estado rodeados de polémicas. El contralor general, Mauricio Torres, estimó que el perjuicio al Estado por presuntas irregularidades en dichos convenios asciende a los 140 millones de dólares.
Estas acciones se dan luego de que la Contraloría General del Estado, denunciara una serie de irregularidades en la contratación con la Norteamericana PROGEM, para la compra equipos de generación para el Salitral en Guayas y los Ríos en Quevedo.