Gobierno establece mecanismos para la compra directa de arroz, con recursos de la redistribución
El Gobierno Nacional implementó mecanismos para la adquisición de arroz cáscara, con el objetivo de respaldar a los pequeños y medianos productores de arroz de las provincias de Guayas y Los Ríos, provincias donde se concentra más del 90% de la producción nacional de arroz.
Las modalidades implementadas son de gestión delegada y contratación pública. El primero es un proceso de compra, almacenamiento y venta de arroz mediante delegación de gestión a piladoras privadas.
La gestión delegada, sustentada en el Decreto Ejecutivo No. 596 y el marco legal vigente, busca garantizar ingresos justos a pequeños y medianos productores de Guayas y Los Ríos, mediante la adquisición de hasta 24.000 toneladas de arroz cáscara al precio mínimo de sustentación: 34 dólares el arroz cáscara grano corto, y 36 dólares el arroz cáscara grano largo.
La compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara constituye una medida estratégica de alto impacto para el fortalecimiento del sector arrocero nacional, con lo cual se contribuye a frenar la especulación y a reducir el poder de los intermediarios que, en condiciones de sobreoferta o precios bajos, tienden a apropiarse de una parte significativa del valor generado por los productores.
La segunda modalidad es la de contratación pública. Mediante este mecanismo ya se adjudicaron 54.059 quintales de arroz pilado (5.405 toneladas) de productores de Guayas y Los Ríos. Para esta compra, el monto invertido es de 1.729.888 dólares.
Estas acciones están enfocadas en garantizar el pago del precio mínimo de sustentación establecido, promoviendo una participación transparente de las agroindustrias, con el fin de fortalecer la cadena productiva, mejorar la equidad en el sector arrocero y fomentar la sostenibilidad en el campo.
Estas medidas tendrán un impacto económico y social, ya que se garantizará el ingreso económico para productores, asegurando una fuente de ingresos estables para pequeños y medianos agricultores. También se le brinda liquidez inmediata al sector rural y se reducen pérdidas por sobreoferta. Con respecto al impacto social se da una protección al agricultor vulnerable, porque muchos pequeños productores no tienen acceso a mercados formales o están expuestos a la explotación de intermediarios. (fuente MAGAP).