La Asamblea investigará la ruta del dinero entregado por Progen
El Pleno de la Asamblea Nacional dispuso, con el voto unánime de los 131 asambleístas presentes, que la Comisión de Fiscalización y Control Político inicie una investigación sobre la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas vinculadas con la compañía.
La resolución establece que la comisión podrá requerir información, documentación y disponer la comparecencia de autoridades, representantes legales y demás actores involucrados. Además, deberá presentar al Pleno, en un plazo de 30 días, un informe con conclusiones y recomendaciones para que se adopten las resoluciones correspondientes.
La decisión también será notificada a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado, para su conocimiento y los fines pertinentes.
La asambleísta Ana Belén Tapia, proponente del proyecto de resolución, sostuvo que es necesario aclarar la ruta de los recursos entregados por Progen, que habrían terminado en manos de 29 personas naturales y jurídicas. Entre ellas, según indicó, figura un abogado vinculado al caso Metástasis.
“Es necesario aclarar, por el bien del país, la ruta del dinero entregado a Progen”, señaló Tapia, al afirmar que se trata de un tema que genera indignación ciudadana.
La legisladora recordó que la trazabilidad de los recursos fue posible a partir de la demanda internacional presentada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa Azín en Estados Unidos, con base en la Ley RICO, una normativa utilizada para combatir el crimen organizado y la corrupción.
“Hoy vamos a emitir un mensaje contundente de que la Asamblea está cumpliendo con su deber de fiscalizar y de realizar una fiscalización con resultados”, afirmó Tapia durante el debate.
En la sesión intervinieron 20 legisladores, quienes destacaron la necesidad de identificar a los responsables del presunto perjuicio al Estado. Varios asambleístas señalaron que la investigación del caso Progen surgió a partir de acciones impulsadas por el propio Gobierno y resaltaron que no existen precedentes recientes de un régimen que haya recurrido a la Ley RICO para rastrear la ruta del dinero en un caso de presunta corrupción.
Los legisladores coincidieron en que no solo se debe sancionar a los responsables, sino también avanzar en la recuperación de los recursos públicos que pertenecen a los ecuatorianos.
Durante el debate también se mencionaron acciones de los organismos de control, como allanamientos y la emisión de glosas a funcionarios presuntamente involucrados. Estas medidas se derivaron de la decisión del Gobierno de declarar la terminación unilateral del contrato con Progen. (Eltelegrafo)