Atentados en Quito buscan intimidar al Estado.
Quito, 29 de junio de 2026. La capital sufrió por el estruendo de los explosivos. Esta vez el panorama evidenció un escenario similar al de una guerra. Sucedió cuatro días después de que se colocara otro artefacto en el Complejo Judicial Norte.
Los moradores del sector La Pradera, en el centro norte de la capital, se despertaron alrededor de las 03:00 por los estallidos, según comentaron en redes sociales. Quienes dejaron e hicieron detonar los explosivos llegaron en un vehículo tipo Jeep. También activaron la bomba de forma manual y se registraron dos detonaciones.
Panfleto con amenazas al director del Arcom
Entre los explosivos se encontró un panfleto con las amenazas, indicando que ese era el segundo y último aviso que iba dirigido al director de la Arcom, y señalaban que no pagarían el 5% de las facturas que supuestamente les habían pedido para la salida de exportación.
En el panfleto referían supuestos actos de corrupción en la Arcom. La Policía indicó que no se conocía si la amenaza provenía de un grupo delictivo o de una persona, pero aseguraron que las investigaciones están en curso.
Al final de la amenaza se mencionaba que a todas las instituciones “que empiecen a robar, los van a reventar”.
El 25 de junio de 2026 también se registró un artefacto explosivo con un panfleto. Este iba dirigido a los jueces, para que tomen correctivos sobre los casos que se llevan en el Complejo Judicial Norte.
El artefacto fue neutralizado por el Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Por ello, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) destacó que han advertido reiteradamente sobre la inseguridad que enfrentan los operadores de justicia, pero que no ha habido respuestas efectivas.
El especialista en seguridad, Jean Paúl Pinto, dijo que estas amenazas evidencian que Quito “ya es blanco de atentados” y que los criminales consideran que pueden atacar en la capital en total impunidad y poner bombas en cualquier espacio.
Para el especialista, esta situación “es grave”, porque antes había muy pocos atentados, pero actualmente se registraron dos consecutivos. Pinto destacó que es necesario controlar la situación a tiempo, para evitar una “tragedia”.
También destacó que, pese a las medidas excepcionales tomadas contra el crimen organizado, no se evidencia una mejora en la seguridad y los grupos criminales operan incluso con las decisiones.
La criminóloga Daniela Valarezo indicó que los objetivos a los que se trata de llegar no son casuales, porque al poner bombas en dos instituciones públicas identifican el ‘blanco’ para intimidar o generar miedo.
“Se busca sembrar esta incertidumbre en la ciudadanía para infundir miedo y demostrar a la gente que el Estado ya no tiene control en ninguna parte”, detalló. Valarezo dijo que para combatir este tipo de amenazas se necesita un fortalecimiento de la inteligencia y de la investigación criminal.
Blanca Rivera, magíster en seguridad y defensa nacional, aseguró que la violencia criminal ya no busca únicamente controlar territorios periféricos o disputar economías ilegales, sino enviar mensajes de intimidación a instituciones clave del Estado: la Justicia, la regulación minera y la administración pública.
“Cuando se amenaza un complejo judicial o se ataca una entidad de control como la Arcom, el mensaje no es solo contra un edificio; es contra la capacidad del Estado de investigar, sancionar, regular y ejercer autoridad”, puntualizó al señalar que hay una expansión de la violencia hacia espacios simbólicos e institucionales.
Rivera recalcó que Quito, por ser capital política y administrativa de Ecuador, concentra funciones del Estado que deberían estar altamente protegidas. Según ella, el crimen organizado o las redes violentas buscan instalar miedo, condicionar decisiones públicas y demostrar capacidad operativa, incluso en lugares donde la presencia estatal debería ser más fuerte.
La especialista dijo que el Estado debe reaccionar con firmeza, pero criticó que aún exista una lógica reactiva basada en toques de queda, estados de excepción, operativos, allanamientos, detenciones y decomisos. Sostuvo que aunque estos pueden ser necesarios en determinados momentos, no pueden ser la única estrategia.
Agregó que se necesita “una depuración real de las instituciones de seguridad y Justicia, una revisión del modelo operativo de la Policía, una Inteligencia más sólida y menos condicionada por el costo político, y una forma distinta de medir resultados”. La respuesta, argumentó, debe combinar acción e inteligencia, control y prevención, sanción y reconstrucción social.